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El ocaso de la Ley de garantías electorales
La norma nació con la reelección, para evitar que el mandatario de turno usara los recursos del Estado para hacer campaña.
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El senador y expresidente Álvaro Uribe apoya la eliminación de la ley, por dificultades para contratar en elecciones. FOTO COLPRENSA
27 de octubre de 2018
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La Ley de Garantías se aprobó en Colombia terminando 2005, cuando a Álvaro Uribe Vélez le quedaba menos de un año de mandato y su entrada a la contienda electoral de 2006, en busca de la reelección, estaba garantizada y aprobada por el Congreso de la República, luego de modificar la Constitución.
Este hecho motivó la creación de esta ley para evitar que la contratación y recursos del Estado terminaran beneficiando la reelección. Regular la financiación de las campañas, las contribuciones de particulares, el acceso a los medios de comunicación y la participación en política de los servidores públicos, estuvieron entre las medidas.
Duque quiere eliminarla
Esta semana el jefe de Estado afirmó que la Ley de Garantías ya no es necesaria, precisamente, porque en Colombia ya no existe la reelección presidencial. Su propuesta es suprimirla para los comicios presidenciales.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, declaró que “así como fue derogada la reelección, debe ocurrir lo mismo con la Ley de Garantías. Vamos a redactar un proyecto para tramitarlo a la mayor brevedad posible, porque esto limita la posibilidad de ejecución de recursos a las entidades territoriales y el país está necesitando reactivación económica”.
Municipios a favor
La propuesta se da en medio de la polémica de extender los periodos de alcaldes y gobernadores, de la que sus defensores argumentan que los municipios pierden casi un año de ejecución por la imposibilidad de contratar cuando se acerca el periodo electoral y entra en vigencia la norma.
Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, manifestó su apoyo y afirmó: “Esa ley es un absurdo porque en realidad no controla ninguna posibilidad de destinar recursos públicos a financiar campañas. Lo que hace es paralizar el desarrollo, limita los convenios que se tienen que darse entre el gobierno central y los locales para cofinanciar obras”, argumentó Toro.
También está de acuerdo Luz María Zapata, directora de la Asociación de ciudades capitales (Asocapitales), “los mandatarios están 344 días en Ley de Garantías, hay un cambio de gobierno, y tienen que sincronizar sus planes de desarrollo con el entrante. Cuando eso sucede, vuelven a tener Ley de Garantías”.
Va para el Congreso
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Uribe dio un empujón a la iniciativa. “El martes invitaremos a los congresistas a firmar el proyecto de ley para eliminar la Ley de Garantías con el fin de que los alcaldes y gobernadores puedan ejecutar obras y presupuesto en el año 2019”, escribió en su cuenta.
Para derogar esta ley se necesita un procedimiento legislativo ordinario. Bastaría cuatro debates en el Congreso de la República y la sanción del mandatario.
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