Ley permite que E.U. pida en extradición a campesinos cocaleros

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DANIEL ARMIROLA RICAURTE | Publicado el 15 de octubre de 2015

El Senado de E.U. aprobó el pasado jueves, 8 de octubre, una nueva ley dirigida contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico en Colombia y que pondría especialmente a los campesinos cultivadores de coca un paso más cerca de una cárcel en dicho país. Esta espera ahora la aprobación de la Cámara de Representantes, con iguales o mayores posibilidades de pasar dicha instancia dado el control de los republicanos.

Denominada Acta sobre Tráfico de Drogas Transnacional (en inglés “Transnational Drug Trafficking Act”), la normativa prevé modificar los parámetros del Departamento de Justicia para acusar y procesar a narcotraficantes o productores de sustancias químicas utilizadas en la elaboración de drogas como la cocaína. El proyecto de ley fue impulsado por los senadores Chuck Grassley (republicano de Iowa) y Dianne Feinstein (demócrata de California), ambos integrantes de la comisión de Control Internacional de Narcóticos del Senado.

“Será ilegal que cualquier persona produzca o manufacture una sustancia controlada (incluida dentro de la lista de sustancias prohibidas) o un químico, sabiendo, pretendiendo, o teniendo una causa razonable para creer que tal sustancia o químico será importado de manera ilegal a E.U. o a cualquier punto a 12 millas de las costas del país”, dice el proyecto, según informó el diario El Tiempo.

En diálogo con periodistas en Washington, Grassley afirmó que “en particular, esta ley ayudará al Departamento de Justicia a construir casos de extradición contra narcos en la región andina, particularmente en Colombia y Perú. Los traficantes en estos países usan por lo general organizaciones criminales de México como intermediarias para el envío de la coca a Estados Unidos”.

“El Departamento de Justicia necesita todas las vías legales para perseguir a aquellos que produzcan y envíen esas sustancias hacia nuestro país. Para reducir el tráfico de drogas, el gobierno federal necesita autoridad legal para enfrentar agresivamente organizaciones criminales y capos de la droga en sus naciones de orígen”, agregó.

Desde ya la normativa suscita polémica, dado que en Colombia las intenciones de gobierno, varias ONG, y distintos sectores de la sociedad civil es lo contrario: despenalizar los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, empezando por cerca de 60.000 familias campesinas que viven de sembrar coca.

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