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La amenaza de orden público que lanzó la barra Barón Rojo, perteneciente al América de Cali, frente a la realización de un partido de Atlético Nacional en el estadio donde ofician como locales, podría ser la gota que colme el vaso para las directivas del fútbol colombiano, que analizarán medidas de mayor peso para evitar episodios de violencia en una asamblea extraordinaria que tendrá lugar el próximo 4 de mayo en Bogotá.
Así lo reveló ayer a los medios de comunicación el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, quien no dudó en calificar de “barra criminal” a la barra del equipo rojo de Cali, cuya postura reciente se ha endurecido frente a los brotes de violencia en el fútbol.
“La mal llamada barra del América no es más que una banda criminal y no me extraña lo del comunicado”, aseguró el directivo al referirse a un texto en el que Barón Rojo dice que “no se hacen responsables” de la seguridad en el estadio Pascual Guerrero si se realiza el partido entre Cortuluá y Nacional el próximo 6 de mayo, un compromiso válido por la Liga colombiana.
Más allá de la polémica, actualmente ya existe toda una legislación y un estatuto del aficionado que estableció los derechos y los deberes de todos los que asisten a fútbol.
Se trata de la Ley 1445 de 2011, que establece los castigos para las barras y la participación de los clubes y su responsabilidad, y la 1270 de 2009, con la cual se creó la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que articuló todos los esfuerzos para tratar dicho fenómeno.
Ambas leyes se encuentran actualmente vigentes.
A pesar de ello, acorde a la información publicada por la Dimayor, órgano que rige el fútbol profesional colombiano, las nuevas medidas contemplan que los clubes profesionales puedan ser sancionados deportivamente, con pérdidas de puntos, por las actuaciones de sus barras, (ver recuadro) si se descubre que existen vínculos y financiación desde la dirigencia.
Alejandro Villanueva, docente y autor de varias publicaciones de investigación sobre barras bravas, aseguró que las leyes no se aplican por falta de compromiso de clubes, directivos, jugadores y los mismos hinchas, sino porque “es evidente que muchos equipos tienen relaciones cercanas con las barras, como también las tienen alcaldes, gobernadores y figuras políticas, porque no es nada despreciable una boletería asegurada de mínimo 6.000 personas cada fin de semana”.
En ese orden de ideas, llamó a la Dimayor a no culpar de todos los males del fútbol a la barra, porque si la gente no va al estadio, también se debe a otros factores como la televisión, la falta de nivel y el acceso y precio de ir al estadio.
Aunque pocas horas después de estallar la polémica, Barón Rojo le bajó el tono a la discusión, lo cierto es que este episodio ocurre en un momento de decisiones para el fútbol colombiano, pues las directivas deberán buscar medidas propias de control después de conocer que la Corte Constitucional le dio dos años de plazo al Congreso para decidir si la Policía debe o no prestar la seguridad en los estadios colombianos .