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La suspensión del paro cívico en Chocó, luego de que el Gobierno Nacional y los líderes lograran el sábado un acuerdo de cuatro puntos (véalos en el recuadro), parece haber dado un impulso para que se resolviera el de Buenaventura.
Según Narcilo Rosero, uno de los promotores de la movilización ciudadana en el distrito portuario, la instalación de ocho mesas de trabajo está dando sus frutos. “Estamos encontrando los puntos más problemáticos y detectando cómo llevarlos a la visión presupuestal”, cuenta el líder, aunque reconoce que la solución a este paro es más compleja que la del Chocó, donde ya existía un acuerdo desde el año pasado y el reclamo esta vez era que el Gobierno lo cumpliera.
Rosero comenta que las mesas, que comenzaron a marchar desde el sábado en la tarde, continuaron el domingo de manera simultánea y con las siguientes prioridades: salud (encaminada a asegurar los recursos para construir un hospital de tercer nivel y adecuar el de segundo), educación, servicios públicos y saneamiento básico, cultura y deportes, productividad y medio ambiente.
De acuerdo con el líder, si bien existe una última mesa que busca dar salidas a los peros presupuestales y la cuota de ministros presentes en Buenaventura da muestras del interés del Gobierno en resolver el paro (están los de Ambiente, Salud y Agricultura: Luis Gilberto Murillo, Alejandro Gaviria y Aurelio Irragori, respectivamente, así como las de Vivienda, Elsa Noguera, y la de Trabajo, Griselda Restrepo), ayer se presentaron obstáculos en algunas discusiones.
“En los puntos de educación y productividad vemos que los funcionarios no están conectados con que este es el contexto de un paro cívico, y nos salen con la historia de que el presupuesto no alcanza para lo que estamos solicitando”, denuncia Rosero, y añade que al final de la tarde los dos lados decidieron darse un receso de tres horas (hasta las 7 de la noche) en espera de que el Gobierno dé una respuesta sobre la petición del comité de que las tractomulas del puerto dejen de circular por 72 horas mientras se llega a una salida.
Cabe anotar que aunque existan mesas temáticas, en las conversaciones con el ente nacional se mantendrá la petición que desde hace dos semanas ha solicitado la comunidad: declarar la emergencia social, económica y ambiental en Buenaventura, que según la Constitución se utiliza cuando hay una situación excepcional y el presidente necesita facultades extraodinarias para buscar recursos.
Para el caso del puerto, los líderes insisten en la necesidad de agilizar los recursos y disposiciones para adecuar el hospital de segundo nivel y construir uno de tercero, reducir los cortes en el servicio de agua del distrito (que tiene fallas 120 días al año, en promedio) y contar con plantas potabilizadoras.
Los promotores del paro comentan que aún no hay respuesta del Gobierno acerca de la viabilidad de la declaratoria, pero mientras tanto, a dos semanas de la movilización, preocupan las pérdidas para el puerto. Según le dijo a El País de Cali Alexánder Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, éstas superan los 90.000 millones de pesos y han dejado afectaciones en las exportaciones.