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Mindefensa responde a informe sobre asesinato a líderes sociales
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Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. FOTO: Colprensa
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió al informe presentado por la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), y aseguró que las cifras no coinciden con las “acordadas” con las Naciones Unidas, que muestran 54 asesinatos líderes sociales en todo el país.
El reporte oficial de la Acnur indica que en lo corrido del año se conoce la muerte de 78 líderes y miembros de organizaciones sociales y, al menos, 13 sospechas de asesinatos, lo que resulta “alarmante” para el organismo y aumenta la preocupación en el pacífico colombiano.
Villegas señaló, frente a esto, que los asesinatos a líderes sociales también es una preocupación para el Gobierno Nacional, pero aseguró que el tratamiento de la información se está manejando con una “ligereza que no es conveniente”.
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“Todos los asesinatos preocupan al Gobierno, sean de líderes sociales o de ciudadanos comunes y corrientes. Y el de los líderes sociales nos preocupa aún más, tenemos mecanismos que se han puesto en marcha para dar protección a miles de esas personas”, indicó el titular de la cartera de Defensa.
Sobre la labor de la Fiscalía, el ministro aseguró que existe un “gran esfuerzo” por parte de la entidad para esclarecer los hechos de los asesinatos y dar con el paradero de los responsables de dichos crímenes, “vamos en el 56 % de ese oficio por esclarecer a los autores materiales como intelectuales”.
Villegas precisó que las muertes de los líderes sociales en muchas ocasiones no obedecen a grupos criminales de gran denominación, contrario a ello “la mayoría de estos casos surgen de la criminalidad pequeña de territorios que siguen siendo violentos y donde necesariamente la Fuerza Pública tiene que estar”.
Sobre los mismos hechos se pronunció el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, quien aseguró que se está realizando un “plan de Estabilización y Consolidación Víctoria, que consiste en llegar a zonas únicamente y exclusivamente para fortalecer el control institucional del territorio”.
Rodríguez afirmó que al menos 80.000 miembros de las Fuerzas Militares están a disposición para dicha labor.
El informe
En la mañana de este viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Acnur anunció que “le preocupa” el aumento de los asesinatos y amenazas contra los defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios en la región del pacífico en Colombia.
El reporte oficial de la Acnur esta encabezado desde el asesinato del líder de la comunidad afrocolombiana, José Jair Cortés, quien perdió la vida en el departamento de Nariño.
“En total se conocen las muertes de 78 líderes y miembros de organizaciones sociales este año, y al menos 13 sospechas de asesinatos. Desde cualquier perspectiva, esto resulta alarmante”, se lee en el comunicado emitido por la agencia.
De acuerdo con el reporte de la Acnur, “entre el 7 y el 12 de noviembre más de 46 familias fueron desplazadas por la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco (Nariño). Los líderes de estas áreas creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que las personas temen denunciar los abusos”.
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Sobre la implementación de los acuerdos de paz, argumentaron que para las comunidades se han generado “muchos desafíos... se han visto afectadas por la presencia de grupos armados y actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la minería ilegal. El vacío de poder dejado por la desmovilización de las FARC ha convertido muchas áreas en territorios disputados entre grupos armados ilegales nuevos y existentes”.
Para la Acnur, “las demoras y los problemas en la implementación local de los principales acuerdos del Acuerdo de Paz, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o el desarrollo local, han incrementado la incertidumbre en las comunidades, en un entorno donde la presencia del Estado sigue siendo débil”.
Por último, la agencia “insta a las autoridades colombianas a implementar medidas de protección adicionales tanto para las personas en riesgo como para las comunidades afectadas”.
De acuerdo con su reporte, los mecanismos deben incluir presencia policial en áreas específicas, el establecimiento de una infraestructura de telecomunicaciones para mejorar las comunicaciones, entre otras.
Así mismo, requirieron “importante” consultar a las autoridades y comunidades afrocolombianas e indígenas en varios departamentos afectados por la presencia continua de grupos armados ilegales, con el fin de responder eficazmente a los desafíos del Acuerdo de Paz.
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