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A Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud suspendido, la Procuraduría General le amplió por tres meses esta medida cautelar.
Según el ente de control, “la decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal hace parte de la investigación contra Muñoz Muñoz por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a Medimás sin que contara con una red de prestadores de servicio en el país, y por no haber iniciado procedimientos en contra de la EPS, ante las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento”.
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Así mismo, resalta que para la entidad existen fundadas y acreditadas razones para señalar que “el reintegro del superintendente puede conllevar la reiteración de la falta investigada, pues en la valoración probatoria en lo que respecta a la medida preventiva se observa que el investigado no hizo uso de las medidas administrativas que estaban a su alcance para evitar la vulneración al derecho a la salud de la población afiliada a Medimás EPS S.A.S.”, resalta la Procuraduría en el comunicado.
Vale recordar que “en la fase inicial del proceso, la Procuraduría pudo establecer que a la Superintendencia de Salud llegaron más de 15.000 quejas, peticiones, reclamos y solicitudes sobre las deficiencias en la prestación del servicio por parte de la empresa promotora de salud Medimás”.
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Lo más grave es que la Procuraduría sostiene que no se tomaron acciones y tampoco se acogió “la solicitud del ente de control de intervención forzosa administrativa de la EPS”.
La prórroga de la medida cautelar le será notificada al presidente Juan Manuel Santos.