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En un comunicado difundido este miércoles y firmado por ocho exmagistrados a la Corte Suprema de Justicia, estos se lamentan por el impacto negativo que supuso el escándalo de presuntos sobornos en la rama judicial.
Los juristas Jaime Alberto Arrubla, Augusto Ibañez, Carlos Ignacio Jaramillo, Arturo Solarte, Alfrego Gómez, César Julio Valencia, Isaura Vargas y Edgardo Villamil, informan no obstante que “para honor y memoria de tantos jueces y magistrados inmolados por las acciones del narcotráfico, el paramilitarismo y de todas las formas de violencia que han aquejado a Colombia, y en reconocimiento a los millares de magistrados probos que abnegadamente le sirven y han servido a la República, estamos dispuestos a renunciar a cualquier prescripción, fuero, inmunidad o privilegio para que se investigue y juzgue el ejercicio de nuestras funciones”.
Estos agregan que los hechos “deben ser investigados y juzgados con rapidez por las autoridades competentes, con todo el apoyo de la ciudadanía. Es necesario un resultado pronto y todo el rigor para quien encargado de guardar el valor justicia, sagrado en una sociedad, traiciona la confianza recibida”.
Los exmagistrados solicitan en el documento al Presidente de la República la conformación de un Tribunal de Honor que “desde una dimensión ética formule los juicios de reproche que correspondan y haga la más severa sanción pública y social que merezcan nuestras acciones individuales o colectivas, si fuere el caso”.
A la ciudadanía y a los medios de comunicación los juristas solicitan que perseveren en su labor de denunciar y fiscalizar estos hechos de corrupción y el proceso en general.
Daño irreparable y reforma
Por último concluyen que “el daño causado a la justicia por los hechos denunciados es irreparable, pues el acumulado histórico de legitimidad de la Corte Suprema fue dilapidado por la soberbia, la arrogancia y la pequeñez del espíritu que inspiró a quienes privilegiaron su ambición personal sobre el más alto y trascendente interés de las instituciones a la que juraron respetar y defender”.
En este sentido, los exmagistrados proponen una reforma en distintos ámbitos de la justicia, que la deje a salvo de “contingencias periódicas, de los arrebatos momentáneos de la política y de los intereses de accidentales protagonistas”.
“Es necesario revisar y modificar las funciones ajenas a la tarea judicial atribuidas a las Cortes por la Constitución de 1991, las que pudieron inducir a la creación por parte de un sector de perversos núcleos de intereses que de modo sistemático llevaron a prácticas de reproducción del poder en el interior de ellas”, plantean.
Los juristas señalan algunos ejes fundamentales en los que podría radicar una posible reforma a la justicia: “Control real y efectivo” a los magistrados de las altas cortes; la formación de jueces “probos y sabios” como activo moral; despojar a los entes judiciales de funciones ajenas a su labor; dar fin a la endogamia de las Cortes en la selección de jueces y conformar en cambio un Colegio Electoral diverso para tal fin; y dar cabida a la academia en la selección de jueces.