Odebrecht volvió a sacudir el panorama judicial del país

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Colprensa | Publicado el 18 de noviembre de 2018

Explicaciones y más explicaciones. Así puede resumirse la semana del fiscal Néstor Humberto Martínez, tras las declaraciones de Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.), exauditor de la firma Corficolombiana, la misma que se alió con Odebrecht para hacerse a la construcción del segundo tramo de la Ruta del Sol. Lo que le dijo a Noticias Uno desató una tormenta en torno a uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos tiempos.

Pizano le comentó a Martínez Neira, entonces abogado del grupo Aval (emporio económico dueño de Corficolombiana), que tenía serias dudas sobre algunos de los contratos relacionados con la obra. La grabación en audio es de una reunión que ambos tuvieron en agosto de 2015 y da cuenta de los reparos que el ingeniero tenía sobre algunas cuentas que no cuadraban y los reclamos del defensor.

Ante los argumentos del auditor Pizano, el asesor jurídico le responde con sarcasmo y grosería a los planteamientos en los que indagaba por millonarias sumas que no cuadraban. “Ya usted se metió en esto y el único huevón que va a terminar es usted (risas)”, se escucha en una de las respuestas de Martínez Neira.

Al respecto, surge una de las primeras dudas: ¿estaba el entonces abogado Néstor Humberto Martínez en la obligación de dar a conocer esa información a las autoridades judiciales?

El propio Néstor Humberto se defendió diciendo que ante las irregularidades que le planteó Pizano Callejas, optó por el secreto profesional, figura que la Corte Constitucional la define como “la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad”.

También es contemplado el Código Disciplinario del Abogado, que advierte que se debe “guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de sus servicios”.

Para el exvicefiscal Guillermo Mendoza Diago, el señalamiento sobre si debió denunciar no tiene fundamentos, porque comparte la tesis del sigilo esgrimida por el jefe del ente acusador y agregó que hay unos delitos por los que los particulares no están en la obligación de denunciar.

“Los delitos de narcotráfico, lavado de activos, testaferrato, desaparición forzada y homicidio son los que los particulares tienen que denunciar. Entonces, si la persona omite la denuncia, puede recibir una pena de prisión que va desde tres hasta ocho años”, explicó Mendoza Diago.

Sin embargo, la tesis del fiscal, en el sentido de que como particular no estaba en mora de denunciar, va en contravía de uno de sus programas bandera que plasmó en el documento del direccionamiento estratégico 2016–2020: la estrategia Bolsillos de cristal, con la que se busca, entre otros, que la ciudadanía denuncie casos de corrupción en encuentros con la comunidad.

“En estas jornadas la Fiscalía pretende restablecer la confianza ciudadana en la institucionalidad de la justicia, pues la denuncia es el único instrumento efectivo contra la corrupción”, dice uno de los videos con los que se promociona la estrategia.

“¿Qué obligación tenía el fiscal como particular? No la tenía, ni siquiera se sabía lo que realmente había y, por otro lado, como abogado si estaba enterado de que había una serie de cosas irregulares y que debía resolver dentro de su encargo de abogado, él tiene la obligación de guardar el sigilo, la reserva”, concluye Mendoza Diago.

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En busca de un fiscal ad hoc

Martínez Neira se apartó de la investigación del caso Odebrecht y se declaró impedido de adelantar actuaciones relacionadas con ese expediente. Las pesquisas las lideró la vicefiscal María Paulina Riveros, sin embargo, fue objeto de un recurso de recusación por parte de la Red de Veedurías Ciudadanas.

En los argumentos presentados, Pablo Bustos, presidente de esa Red, expuso que “el objetivo es velar por las garantías y parcialidad de la autoridad judicial. En este caso de la Fiscalía, el pedido es que se retire del caso la señora vicefiscal frente a los casos que vienen en razón a Odebrecht. Lo que pedimos es que se designe un fiscal ad hoc neutro. Una persona que tenga la imparcialidad e independencia, y carezca de cercanía directa con el fiscal general”.

Para Bustos, además, debería crearse una comisión de la verdad para el complejo caso de la firma brasileña, con el fin de que el país tenga garantías.

Pero Riveros negó tal recurso (la ley la faculta para que ella misma adopte esa decisión), y le pidió a la Corte Suprema de Justicia que “estudie la viabilidad de designar uno con el ánimo de continuar aplicando un estricto marco de transparencia y absoluto rigor en la administración de justicia, para desvirtuar conjeturas y cuestionamientos”.

La designación de un fiscal ad hoc es un tema pendiente en nuestra legislación y solo tiene un antecedente: el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, elegido para adelantar el caso de la entonces contralora Sandra Morelli.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario Luisa Fernanda García, explica que en Colombia no se contempla esa figura, no desde la perspectiva constitucional ni legal, toda vez que hay un vacío jurídico en este caso, pues no se ha legislado nada.

“La ley no ha previsto estas situaciones. No se hablado en el caso hipotético de que el fiscal se encuentre impedido (...) en situaciones como la que estamos presenciando. (Se hablado) en situaciones en donde el fiscal no puede seguir con su cargo o no puede seguir con sus funciones, que en ese caso lo tendría que suplir el vicefiscal”, sostiene García.

Agarrón empresarial

El sacudón también obligó a la firma involucrada a romper su silencio y este viernes emitió un comunicado en respuesta a otro comunicado publicado por Corficolombiana, en el que advertían que “ni el informe de Pizano, ni ninguna otra información conocida en aquel momento permitían que, ni Pizano, ni Corficolombiana, ni persona alguna pudiera afirmar que dichos contratos y los pagos efectuados como consecuencia de éstos estuvieran relacionados a los sobornos que, en diciembre de 2016, Odebrecht confesó haber cometido para garantizar la adjudicación del contrato de concesión de Ruta del Sol 2 (sic)”.

Pero la respuesta de la brasileña fue contundente y señaló que le resulta controvertible la afirmación de la firma colombiana, en el sentido de que antes del 21 de diciembre de 2016 no tenían información sobre las coimas.

Al respecto, hizo eco de las declaraciones de Pizano, en el sentido de que “informó en su momento acerca de dichas irregularidades adicionalmente a otros ejecutivos de Corficolombiana”.

Los brasileños también lanzaron una advertencia en su comunicado, al asegurar que están a la espera de que continúen las acciones judiciales en contra del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, cobijado con medida de aseguramiento el pasado 23 de agosto.

“Por parte de la empresa se reitera el compromiso irrestricto de colaboración para brindar todo el apoyo necesario para que sus exejecutivos (...) sirvan como testigos de cargo en contra del doctor José Elías Melo Acosta, dentro del proceso que se le adelanta por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer, en calidad de coautor”.

No hubo cianuro

Con la muerte de Jorge Enrique Pizano, el Instituto de Medicina Legal dijo en su dictamen forense que no halló rastros de cianuro en sus tejidos, como sí pasó con su hijo Alejandro, tras consumirlo de una botella que había en el estudio de su padre. La familia, por su parte, pidió respeto en estos momentos de duelo y que los decesos no sean usados en temas políticos.

Mientras se conocían estas declaraciones, el fiscal Martínez le dio nuevas explicaciones sobre nuevos audios entre él y el exauditor de Corficolombiana, de quien dijo en varias oportunidades era su amigo. No obstante, no asistió a sus honras fúnebres.

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