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Una accidentada audiencia fue la que se vivió ayer en el comienzo del juicio contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, enredado en el caso Odebrecht. El inicio se vio empantanado por los problemas técnicos con la videoconferencia (desde Brasil) que obligaron a varios recesos y por la negativa de los exdirectivos brasileños a rendir su declaración ante cámaras.
La audiencia empezó a las 8:30 a.m. En la primera parte, la Fiscalía expuso lo que jurídicamente se conoce como la teoría del caso, que no es otra cosa que un resumen de lo que pretende demostrar ante el estrado la culpabilidad de Melo Acosta por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
En este punto, el fiscal de apoyo del caso, Juan Alberto Delgado, expuso que demostrarán todo lo concerniente a los pagos de sobornos que se tejieron alrededor de la concesión vial. “Se probará cómo Episol, filial de Corficolombiana, participó en el pago del soborno, pues Melo aprobó el acto corrupto que daría como fruto la adjudicación de la Ruta del Sol 2”, señaló.
Luiz Antonio Bueno Júnior, expresidente de Odebrecht para Colombia, dio su testimonio en el marco del juicio a Melo. Sin embargo, su declaración estuvo a punto de malograrse debido a su renuncia para hacerlo ante cámara.
Este fue uno de los recesos de la diligencia ya que el juez 14 del circuito bogotano le recordó al declarante que era inexplicable que no quisiera dar la cara ante la cámara en esta etapa del proceso, toda vez, que sí lo hizo el 11 de enero, cuando ante el juez de garantías se dio el aval del preacuerdo que suscribieron con la Fiscalía.
Casi una hora después, Bueno Junior accedió y empezó la parte gruesa de la jornada contra el expresidente de Corficolombiana. El brasileño se refirió a la demanda que en enero de 2017 instauró en contra de Gabriel García Morales quien para entonces fungía como viceministro de Transporte, por el delito de cohecho relacionado con el pago de 6,5 millones de dólares para la adjudicación del contrato Ruta de Sol 2.
Bajo la gravedad de juramento, Bueno Júnior habló de las reuniones que sostuvo con García Morales en un apartamento del norte de Bogotá y luego de los encuentros que tuvo con Melo Acosta en la sede de Corficolombiana.
“En cuanto aguardaba al doctor José Elías Melo tuve una conversa rápida con Gustavo Ramírez (vicepresidente de Corficolombiana) y le comenté lo que había pasado en la noche anterior (no entrega detalles) y al final le mencioné del acuerdo con Gabriel y él dijo que le iba a dar conocimiento a Luis Carlos Sarmiento Jr.”, dijo Bueno, pero aclaró que nunca supo si así se hizo.
De las reuniones privadas con García Morales en un apartamento dijo que tenían como fin coordinar el pago de la millonaria suma la cual se hizo, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, a través de contratos ficticios con DCS Managment y usando el sistema bancario de Andorra para tramitarlos.
No obstante, para dar visos de legalidad, DCS Management cedió a la firma Consol (Consorcio de la Concesionaria Ruta del Sol 2) representada legalmente por Mauricio Jiménez, conforme consta en el documento que hace parte del material probatorio del ente acusador. Al hacer la cesión se pudo concretar el pago sin levantar sospecha.
“El pago a la empresa española por parte de Consol necesariamente tenía la aprobación de Corficolombiana y de Odebrecht”, dijo desde Brasil el expresidente de Odebrecht, quien agregó que no conoció a las personas que hacían parte de la sociedad europea.
En mayo de 2010, Manuel Cabral Ximenes, director de Contratos de Odebrecht, le envió una carta a Juan Lago Novás, representante de DCS. La misiva le fue enviada a su domicilio en Madrid. Allí le relacionaba los tres pagos que debía hacer por 10,8 millones de dólares por concepto de una especie de comisión de éxito, conforme quedó estipulado en el contrato
El primer pago debía cancelarse en junio de 2010 por un valor de U$ 5.445.000, para julio de ese mismo año, debían girarse U$ 3.267.000 y U$2.178.000 para agosto de 2010.
Tanto la Fiscalía, como el juez 14 y delegado de la Procuraduría le preguntaron con insistencia sobre quién fue el que propuso el pago de la millonaria coima para hacerse a la adjudicación de la obra, si fueron ellos (Odebrecht) o fue el propio García. Pero nunca fue claro en precisar cómo se dieron las condiciones de ese pacto.