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El aumento de los desplazados forzados por el conflicto en Colombia a 5,6 millones de personas y el despojo de 7 millones 73 mil hectáreas evidencia la necesidad de actualizar la política y el plan de financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Así lo aseguró el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, quien reveló ante la Corte Constitucional los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Víctimas (2013).
Según el organismo, “mientras la información derivadas de los documentos Conpes reportaban 3,8 millones de víctimas, la encuesta encontró 5,6 millones de personas desplazadas”, lo que demuestra un aumento de esta población afectada por el conflicto armado y otras formas de violencia.
La Encuesta también evidenció un mayor despojo de tierras en el país al contemplado en la anterior medición en 2010, al estimar que son 7 millones 73 mil hectáreas apropiadas por grupos armados ilegales y narcotraficantes. “Significa un incremento de 435 mil hectáreas de despojo en tres años”.
El Contralor advirtió que se encontró “un proceso de empobrecimiento masivo y sistemático que es necesario enfrentar activamente”. Además, ante las demandas de mayor atención de emergencia en materia de salud, educación o vivienda y medidas de reparación, la Contraloría recomendó al gobierno la “búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), lo que subraya la importancia de la eficiente utilización de los recursos asignados.
La Encuesta se realizó en seis regiones y once principales ciudades receptoras de población desplazada. En total se aplicaron 10.761 encuestas en 417 municipios, en donde se encuentra el 95% de la población víctima del conflicto, de los cuales, 9.101 fueron hogares con personas desplazadas inscritas en el Registro Único de Víctimas y 1.660 hogares con personas desplazadas no inscritas.