Corte Interamericana condena a Colombia por desapariciones forzadas

  • El caso llevaba desde 1999 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por fin se dio una decisión. FOTO JAIME PÉREZ
    El caso llevaba desde 1999 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por fin se dio una decisión. FOTO JAIME PÉREZ
Daniel Armirola R. y EFE | Publicado el 30 de noviembre de 2017

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó este jueves que condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de doce personas en la Vereda La Esperanza, Carmen de Viboral (Antioquia) en el año 1996, un fallo que fue notificado de inmediato a las partes.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Colombia responsable por la desaparición forzada de 12 personas, entre ellos tres niños, así como la privación arbitraria de una de ellas entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la vereda La Esperanza”, informó el tribunal de la OEA, con sede en Costa Rica.

La CorteIDH determinó en la sentencia que “los hechos acaecieron con el apoyo y la aquiescencia de agentes de la Fuerza Pública al grupo paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM), lo que facilitó las incursiones a la vereda la Esperanza y propició o permitió la comisión de estos actos”.

Familiares clamaban por justicia

En un reportaje de la periodista Olga Rendón para EL COLOMBIANO, allegados a las víctimas relataron los hechos nefastos que tuvieron que vivir ese 27 de diciembre de 1996.

“Nosotros teníamos una tiendita y ellos llegaron, tocaron la ventana, él salió y nunca más lo volví a ver”, recordó María Obeida Gallego, esposa del desaparecido Jesús Castaño Gallego, de 26 años. “Éntrese y apague todo, no vuelva a salir y no le abra la puerta a nadie”, fue lo que le dijeron los criminales.

María del Rocío Cardona, esposa del también desaparecido Leonidas Cardona, aseguró que los paramilitares siempre intentaron ocultar la verdad sobre lo ocurrido. “Ramón Isaza es muy mentiroso, él en cada versión cambia de tema, la primera vez dijo que habían muerto en combate, después dijo que ellos estaban en los ríos Caldera, Samaná y Magdalena, y más tarde dijo que él no sabía, que sus hombres los mataban y no sabían dónde los habían tirado”, aseguró.

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La Corporación Jurídica Libertad, CJL, organización que representa a las víctimas casi desde que ocurrieron los hechos, llevó el caso a la CIDH en 1999, desde donde enviaron unas recomendaciones al Gobierno Nacional en la que se incluía la reparación integral de las víctimas y avanzar en la búsqueda de los desaparecidos.

“La justicia ordinaria, al principio, no mostró ningún interés”, expresó hace un año Bayron Góngora, abogado de la CJL.

Flor Gallego, otra de las afectadas por el hecho criminal, aseguró cuando entraba en su tramo final el caso en la CIDH que “el Estado se va a defender, pero nosotros sabemos que la corte nos va a escuchar con el corazón y va a condenarlo por lo que el Ejército hizo contra nosotros y la negligencia de la justicia durante estos 20 años”.

Contexto de la Noticia

Daniel Armirola Ricaurte

Salsero a ultranza. Volante de salida. San Lázaro me protege antes del cierre. Máster en Periodismo - El Mundo (España). Redactor Internacional - El Colombiano.

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