Cinco lecciones que no hemos aprendido sobre las disidencias

  • Grafitis pintados en fachadas del municipio de Ituango, Antioquia, por exintegrantes del frente 36 de las Farc. FOTO: archivo.
    Grafitis pintados en fachadas del municipio de Ituango, Antioquia, por exintegrantes del frente 36 de las Farc. FOTO: archivo.
Nelson Matta Colorado | Publicado el 20 de julio de 2018
Infografía
Disidencias de las Farc en Colombia: cinco lecciones que no hemos aprendido

Cada vez que hay una negociación de paz con actores armados en Colombia, se cumple una funesta predicción: los mandos medios formarán grupos criminales después de la desmovilización. Todos lo saben, y sin embargo sigue ocurriendo, con consecuencias catastróficas para la seguridad nacional.

Lo grave es que esos escuadrones residuales no suelen ser pandillas aisladas de forajidos, que se pueden erradicar con un operativo. Su conocimiento de las economías ilegales y control heredado del territorio los convierte en un desafío tal, que pareciera que el conflicto, en vez de acabarse, se perpetúa con igual intensidad en algunos sitios.

Cuando en 1991 se reinsertaron 2.060 combatientes de la guerrilla del Epl, el frente Libardo Mora Toro renegó del proceso. Ya pasaron 27 años y esa facción, ahora denominada “los Pelusos”, sigue sembrando el terror en Norte de Santander y la frontera venezolana, con muertes, ataques a la Fuerza Pública, extorsiones, narcotráfico y control social de las comunidades.

En 2006 se desmovilizaron de forma colectiva 31.671 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Doce años después, poblaciones de Antioquia, Chocó y Córdoba continúan bajo el azote de una estructura neoparamilitar “los Urabeños” o Clan del Golfo.

Y ahora, cuando las autoridades reconocen la existencia de al menos 21 grupos residuales del proceso con las Farc, ¿cuántas décadas más tendremos que extender la guerra contra sus disidentes? Ysobre todo, ¿esto no se podía prevenir de manera más eficaz?

Virus que se esparce

En este artículo analizaremos el contexto en el que surgieron nuevos grupos armados después de las principales negociaciones de paz de Colombia: la de las Auc (2003-2006), en el gobierno de Álvaro Uribe; y la de las Farc (2012-2016), en el de Juan Manuel Santos.

El abogado Víctor G. Ricardo, quien fue Alto Comisionado para la Paz (1998-2000), recuerda que hay una diferencia sustancial en ambos procesos. Mientras que con los paramilitares se pactó un mecanismo jurídico para promover su desarme, con los subversivos se concretó un acuerdo político.

No obstante, en términos específicos de criminalidad, posterior a la firma de esos pactos han surgido facciones con un funcionamiento parecido: se enquistan en zonas de control histórico, trafican con drogas y armas, corrompen la institucionalidad, desplazan a los lugareños y amenazan a sus líderes, cometen actos de terrorismo y manejan negocios transnacionales.

La experiencia demuestra que estos grupos, como los virus liberados al aire, se reproducen con alarmante rapidez. En 2008, a los 16 meses de la desmovilización de las Auc, las autoridades tenían referenciadas a 21 estructuras herederas del imperio paramilitar, con unos 6.000 integrantes.

Les decían neoparamilitares, grupos emergentes o bandas criminales (bacrim). Se componían de exmiembros de Auc que no se sometieron al proceso; otros que sí estuvieron y se retiraron; algunos que recibieron la orden de no reinsertarse y estar en reserva, como un plan B de los “paras”; y miembros de bandas urbanas y redes de narcos, que terminaron amalgamados y reclutando a muchos más.

Para 2013 el fenómeno era tan grande, que la Policía en su balance “Continúa la infatigable lucha contra las bandas criminales” (06/8/13), indicó que a la fecha iban 15.780 integrantes de bacrim capturados.

En la actualidad, según las cuentas del Ministerio de Defensa, no superan los 3.000 miembros, siendo el Clan del Golfo y “los Puntilleros” los que agrupan a la mayoría de estos vástagos.

Por el lado de las Farc, las primeras disidencias (frentes 1° y 7°) aparecieron en septiembre de 2016, cuando todavía había conversaciones en La Habana con el Gobierno.

En agosto de 2017, MinDefensa informó que los disidentes eran 400, concentrados en los Llanos Orientales. Después aparecieron focos en Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y Antioquia, y ahora la cifra va en 1.200 y subiendo, reconocen fuentes de Inteligencia y centros de estudios como la Fundación Ideas para la Paz (informe Trayectorias y dinámicas territoriales de las Disidencias de las Farc, abril 2018).

De los procesos de paz hay lecciones asimiladas, en especial en la atención sicosocial a desmovilizados que sí quieren reinsertarse a la sociedad; pero hay cinco que ni el Estado ni su Fuerza Pública parecen haber aprendido:

1) Mandos medios no tienen seguimiento

“Si uno analiza la historia, los disidentes y nuevos grupos que se forman son liderados por antiguos mandos medios que no fueron atendidos adecuadamente por el Gobierno, o que tenían otro objetivo desde el principio y aprovecharon la oportunidad para surgir”, opina Jorge Gaviria, exasesor de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín (2008-11 y 2016-17) y director de la fundación Razones Soñadas.

Añade que siempre se debe hacer una evaluación sobre los cabecillas de ese nivel, para saber a qué le están apuntando, pues “ellos tienen las armas, conocen las rentas ilícitas y a la tropa”.

En la posfirma con las Auc, saltaron a escena “don Mario”, “Cuchillo” y “Comba”; este último no era desmovilizado, pero sí reclutó a muchos. Y en la de las Farc, aparecieron “Gentil Duarte”, “Iván Mordisco” y “Guacho”, quien ahora es un grave problema para Colombia, Ecuador y EE.UU.

Jaime Jaramillo Panesso, exmiembro de la Comisión de Reparación y Reconciliación, manifiesta que la falla está en que los acuerdos finales son atractivos para los máximos representantes de un grupo, mas no para los lugartenientes, que suelen tener tareas menos ideológicas y más militares y financieras.

2) No se copa el terreno que deja el grupo

Una promesa habitual de los gobiernos es que coparán los territorios dejados por los desmovilizados. La realidad demuestra que eso no sucede, basta mirar lo que ocurre hoy en Urabá, Bajo Cauca, Catatumbo, los Llanos y el Pacífico Sur, donde imperan nuevas formas de criminalidad en suelos castigados por grupos armados desde los 90.

“Las autoridades no llegaron a estas zonas a tiempo, como sucede en la frontera con Ecuador. El territorio es la principal fuente de esos grupos, y ya que lo siguen teniendo a disposición, sobreviven”, precisa Jaramillo.

El excomisionado Víctor G. Ricardo aduce que la culpa no es solo de la Fuerza Pública, sino del Estado en general, que tampoco llega a esos sitios con programas sociales, ni infraestructura, servicios públicos o educación.

3) Crece la sensación de desacuerdo

El excomisionado recuerda que en todo proceso se calcula que habrá algún porcentaje de reincidencia en el delito, pero que la tarea es mitigar esa opción. “Todo lo que se pacta debe cumplirse, sino empiezan los tropiezos”, acota.

En los casos de Auc y Farc no han faltado quejas de los desmovilizados, alegando incumplimientos del Estado.

Los guerrilleros lo han manifestado respecto a su seguridad (algunos fueron asesinados) y no falta quienes digan, como “Iván Márquez” y “el Paisa”, que ya no tienen garantías para reinsertarse debido a la captura y posible extradición por narcotráfico de “Jesús Santrich”.

4) Abandono de combatientes rasos

Jaramillo señala que también hay incumplimientos de los comandantes hacia sus subalternos, lo que provoca aislamiento de los exguerrilleros de base, “que se sienten dispersados y ajenos a lo que se negoció”, o que perciben que sus jefes se quedaron con la mejor tajada o desviaron los propósitos originales de la organización.

Un ejemplo de esto son los citados frentes 1° y 7°, que anunciaron su separación de la jefatura fariana antes de la firma de los acuerdos.

“Fue una decisión de grupos con supuesta retórica política y revolucionaria, invocando el ideal de seguir luchando hasta la victoria final. No fue fruto de una disgregación espontánea, sino de tropas que no estaban de acuerdo con el Secretariado, y eso es difícil de controlar”, dice el historiador y docente de la U. Nacional, Darío Acevedo.

En las huestes paramilitares, “don Mario” sostuvo que otros comandantes traicionaron a su mentor Vicente Castaño Gil y lo asesinaron. Conformó así una disidencia que al principio se llamó “Héroes de Castaño” y ahora se conoce como Clan del Golfo.

Frente a estas fracturas internas, el Estado no actúa eficazmente para atajar la desbandada de fusiles.

5) No desactivan la economía ilegal

“Las rentas del narcotráfico vienen en aumento y el acuerdo de paz, por los subsidios ofrecidos a cultivadores, disparó las hectáreas ilícitas. Esto mezclado al auge de la minería criminal, financia a los disidentes. El Estado no tiene la capacidad para combatir eso”, agrega Acevedo.

En 2012, al iniciar los diálogos con las Farc, las hectáreas de coca eran 48.000, según la ONU; hoy rondan las 200.000. Si los grupos neoparamilitares aumentaron la extorsión rural y urbana, e hicieron de la explotación aurífera una renta tan lucrativa como la droga, a los posguerrilleros les tocó un mar de coca, en el que parecen nadar a sus anchas .

Contexto de la Noticia

EL PROCESO Combate a grupos residuales

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró en mayo pasado, en entrevista a Caracol, que “el último conteo (de disidentes) nos da 1.200; ¿de dónde provienen? Algunos de los espacios territoriales, es decir, nuevas deserciones del partido político, y otros son nuevos reclutamientos”.

Villegas explicó que en lo que va de 2018, cerca de 300 miembros de grupos residuales quedaron fuera de combate por capturas, muertes en operaciones militares o entregas voluntarias. El golpe más importante fue el pasado 19 de marzo, cuando nueve disidentes murieron en un bombardeo en Calamar, Guaviare.

Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

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