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¿Puede el hacker Andrés Fernando Sepúlveda acogerse a la JEP?

  • El hacker Sepúlveda está condenado a 10 años de prisión. FOTO: Colprensa
    El hacker Sepúlveda está condenado a 10 años de prisión. FOTO: Colprensa
02 de mayo de 2017
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Cada vez aumenta más la inquietud acerca de qué tan amplio va a ser el código que regirá a la Jurisdicción Especial para la Paz, esta vez el revuelo es causado porque el hacker Andrés Fernando Sepúlveda Ardila solicitó formalmente acogerse a esa justicia, acordada por el Gobierno y las Farc para investigar y sancionar los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado.

Su abogado Carlos Toro radicó la petición ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ejecución de Penas de Ibagué una solicitud para que su cliente sea beneficiario de la amnistía de iure que tiene la Ley de Amnistía y que, por tanto, le sea otorgada la libertad condicional e inmediata.

Ya lo había hecho el exministro Diego Palacio, condenado por cohecho, mediante el cual, según la Corte Suprema de Justicia, ofreció dádivas para que Yidis Medina votara favorablemente la reforma constitucional que permitiría la reelección el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez.

En este caso, según el abogado, “los delitos cometidos por Sepúlveda fueron realizados conexos con el delito político y en relación con el conflicto armado colombiano”, dijo Toro.

¿Delito político?

Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión por un juez de Bogotá en abril del 2015, después de avalarse un preacuerdo en el cual aceptaba su responsabilidad en los delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso.

Los delitos los cometió, según el juez, durante la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, en la que realizaba interceptaciones ilegales de las comunicaciones.

De acuerdo con Toro, las actividades que realizó Sepúlveda para ‘hackear’ las comunicaciones de los negociadores de paz de las Farc en La Habana en 2014 califica como una actividad contrainsurgente.

“(...) con el uso de herramientas cibernéticas, desde la sede de campaña del partido Centro Democrático, bajo la comandancia del Hacker Andrés Sepúlveda, para atacar el proceso de paz entre las Farc y al Gobierno Nacional, se inscriben como acciones integrante del conflicto armado interno”, dice la solicitud presentada ante la Secretaría de la JEP.

Y agrega que “ha de tenerse en cuenta que las negociaciones Gobierno-Farc, se desarrollaron en medio del conflicto, y por ende, durante varias fases de la negociación, se siguieron presentando acciones ofensivas y defensivas de parte y parte, con una declaratoria temporal de cese unilateral de hostilidades armadas de parte de la guerrilla, hasta cuando se pactó el cese al fuego “bilateral y definitivo”; lo que significa que durante el proceso, se siguieron cometiendo delitos políticos. Tanto así, que la amnistía de iure cobija las conductas delictivas hasta el momento de suscripción del Acuerdo Final; por lo que no podría llegarse a decir que los delitos políticos cometidos por Sepúlveda Ardila no serían susceptibles de ‘amnistía de iure’ por haberse desarrollado durante la época de las negociaciones de paz”, agrega la petición.

Según el abogado, su representado actuó motivado por el “total repudio” a los diálogos de paz que se adelantaban entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc: “Las conductas punibles que se enrostraron a mi defendido, fueron ejecutadas, bajo el influjo de la visión política que el señor Sepúlveda Ardila tenía del conflicto armado interno; ya que para él, y los demás adeptos a la doctrinas ultraderechistas, cuyo principal exponente es el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, las Farc no eran un grupo subversivo con la aspiración política de tomarse el poder por la vía armada para cambiar las instituciones político jurídicas del Estado colombiano, sino una organización terrorista sin fines políticos, a quienes había que derrotar militarmente, o quienes debían simplemente capitular ante el Estado, entregar sus armas y pagar con cárceles los crímenes que se les atribuyen durante 50 años de enfrentamiento armado con el Estado”, agrega la petición.

No todo debe ir a la JEP

EL COLOMBIANO consultó con analistas acerca de la conexidad de los delitos cometidos por el hacker Sepúlveda y la conveniencia de que su caso pase a la JEP, y lo que encontró es que hay preocupación acerca de qué tan amplia vaya a ser esta nueva jurisdicción.

“La JEP no se puede convertir en una ‘lavadora’ o ‘aspiradora’ de todo tipo de delitos; eso sería arrasar y anular a la justicia ordinaria; y ese no era el propósito de la JEP. Se supone q es una justicia excepcional, extraordinaria, transicional para el fin de un conflicto armado. No es multiusos ni para todo tipo de delitos, ni para todo tipo de personas”, señaló David Suárez, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Eafit, quien cree que en principio los delitos por los que Sepúlveda fue condenado no deberían aplicar a esta jurisdicción.

Coincide Francisco Barbosa, constitucionalista de la Universidad Externado de Colombia. “Esos son delitos comunes, y como lo he sostenido: mucha gente tiene derecho a postularse a la JEP, ahora, que los jueces determinen si entran o no entran es un asunto que le compete a ellos, pero, a la luz del Acuerdo, está muy claro que esta justicia es para combatientes, para delitos de lesa humanidad o, en caso de que sean civiles, deben haber participado o tener relación directa con el conflicto armado”, indicó el profesor Barbosa, y agregó quesegún lo acordado difícilmente se puede concluir que al hacker le corresponde ir a la JEP.

Suárez y Barbosa estuvieron de acuerdo en que es muy delicado que todos los delitos comunes puedan terminar en el Tribunal de Paz, ya que esto debilitaría a la justicia ordinaria y sobrepasaría las capacidades de este nuevo sistema de justicia.

Al fin de cuentas “todo va a depender de la flexibilidad o rigor que tengan los magistrados de la JEP. Algunos van a querer darle a esta jurisdicción un alcance muy amplio y extensivo, lo que no sería a mi juicio lo ideal”.

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