¿Es la Fuerza Pública actual más corruptible?

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Por Ricardo Monsalve Gaviria | Publicado el 14 de enero de 2018
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¿Es la Fuerza Pública actual más corruptible?
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Policías fueron destituidos entre enero y diciembre de 2017 por diferentes actos.

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procesos disciplinarios realizó hasta el 1 de diciembre pasado en la Policía.

Finalizando el 2017 el país conoció varios casos en los que integrantes de la Fuerza Pública resultaron capturados y judicializados por tener presuntos nexos con organizaciones criminales, haber cometido algún tipo de delito o un acto de corrupción.

Según cifras del Ministerio de Defensa, desde enero hasta el primero de diciembre de 2017, 714 integrantes del Ejército, Armada y la Policía habían sido capturados por diferentes delitos.

En la Policía uno de los casos más sonados tuvo que ver con las capturas de varios de sus integrantes en Manizales, incluida una coronel, excomandante del Gaula de Caldas, por el secuestro, tortura y muerte de un comerciante en enero de 2011, así como también el de varios patrulleros detenidos en Medellín por estar presuntamente involucrados con el zar de la marihuana. Así mismo ocurrió con las otras fuerzas en las que también hubo hechos que opacaron su imagen (ver recuadros).

El ministro Luis Carlos Villegas, informó que entre 2016 y el primero de diciembre de 2017, han sido capturados 1.160 funcionarios de la Policía Nacional y solo el año pasado, 551. “El 54 por ciento de esos casos fueron por concierto para delinquir; otro 11 por ciento por hurto de bienes públicos y de particulares; un 10 por ciento por hechos de concusión y cohecho, y un 14 por ciento por situaciones de violencia familiar y homicidio”, señaló.

Sobre las Fuerzas Militares, el jefe de cartera aseguró que 163 de sus integrantes fueron destituidos por diferentes delitos, como corrupción.

¿Qué está pasando?

El por qué muchos integrantes de la Fuerza Pública se ven tentados de traicionar su uniforme y contaminarse con las redes ilegales es una pregunta que pareciera tener una respuesta obvia: dinero.

Esa es la conclusión a la que llegan varios analistas consultados por este diario, quienes ven la capacidad económica del crimen organizado como una manera de contaminar a las instituciones, aunque concuerdan en que la Fuerza Pública de hoy no es más corrupta que la de hace varias décadas.

Jeremy McDermott, director ejecutivo y cofundador de InSight Crime, asegura que hoy en día la mafia colombiana y el crimen organizado transnacional, “no quieren usar la violencia como se hizo en otras épocas, hoy en día es más plata que plomo, y han aprendido que con hechos violentos se atrae la atención de las autoridades y eso no es bueno para el negocio”.

Explica que como ahora no es el principal camino, “obviamente la plata es más importante, y la corrupción siempre ha sido la principal arma del crimen organizado. Por eso hay ejemplos de corrupción claros, y para mi no es tan sorprendente que ocurra en la Fuerza Pública, sí en la rama judicial. El dinero ilegal que circula ahora puede tentar a oficiales y funcionarios de cualquier nivel”.

Un experto en seguridad y defensa, quien prefirió no divulgar su nombre, asegura que las circunstancias actuales en la fuerza Pública, “especialmente en la Policía, las hacen vulnerables y se da una opción de corrupción grande al no tener una carrera normatizada y estabilizada que pueda determinar a un integrante de la institución cuál va a ser su futuro inmediato. Esto abre el campo para que la gran cantidad de dinero que mueve el narcotráfico pueda penetrar a las autoridades”.

Agrega que el Ministerio de Defensa está en deuda con los colombianos. “Yo creo que se requiere de un pronunciamiento de los altos mandos sobre todos los casos que se han denunciado de corrupción, no puede ser que solo se anuncien investigaciones”.

Al igual que McDermott, cree que la actual Fuerza Pública es más transparente que la de hace algunos años.

El coronel (r) Luis Enrique Larrota, del Colegio de Coroneles Retirados de la Policía, asegura que hay que tener en la cuenta que se habla de instituciones con miles de integrantes y que, en esa medida, las cifras de corrupción son bajas. Sin embargo, reconoce que ante tanta normatividad y poco control, los hechos de corrupción, seguirán apareciendo.

“En otras épocas las unidades siempre estuvieron más cercanas y eso facilitaba el control, ahora hay muchas dependencias y mucho personal. Los actores que generan la corrupción no van a desaparecer, la evolución depende de las instituciones oficiales”, aseguró el oficial en retiro.

Contexto de la Noticia

radiografía El plan de las autoridades

Para contrarrestar los índices de corrupción al interior de la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa mantiene activo el plan Transparencia. En esta estrategia hay ocho indicadores con predicciones, resultados y metas. El índice anticorrupción para el sector defensa es adaptado al programa de Defensa y Seguridad del Reino Unido y la OTAN. Sobre lo que va corrido del plan, el ministro Luis Carlos Villegas, dijo que “este tipo de acciones, investigaciones y resultados que presenta el Ministerio de Defensa, evidencian la capacidad de cada institución para actuar efectivamente frente a estos hechos en los que servidores públicos violan las normas de su trabajo y de respeto por el erario”.

Patrulleros y microtráfico

El pasado 15 de diciembre, un juez con función en control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete patrulleros de la Policía Metropolitana de Medellín por sus presuntos nexos con la distribución de marihuana en el centro de la capital de Antioquia. Los integrantes de dicha institución fueron presentados ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia, donde la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada les imputó cargos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, delitos que no fueron aceptados por los uniformados.

Según la investigación preliminar, los policías facilitaban el funcionamiento de las plazas de vicio lideradas por Eladio de Jesús Correa, alias “El Viejo”, “Ramón” o el “Zar de la Marihuana”, quien fue capturado el pasado mes de septiembre.

Soldados vendían droga

El tres de diciembre el grupo de Anticorrupción de las Fuerzas Armadas reportó la captura de 10 soldados del Ejército quienes estarían involucrados en la distribución y venta de alucinógenos en la Brigada Selva N°28, en el municipio de Puerto Carreño, Vichada. Según la Fiscalía, al parecer los militares intercambiaban material de intendencia de las Fuerzas Militares por drogas y en otros casos los pagaban en efectivo, para luego distribuirlas en la unidad militar en pequeñas dosis, que en promedio costaban $15.000. Al parecer, las sustancias ilegales eran adquiridas en expendios ubicados en varios puntos del municipio de Puerto Carreño, los cuales aparentemente pertenecen a bandas criminales de esa zona del país como Los Puntilleros o Libertadores del Vichada. Entre los uniformados capturados hay un sargento segundo, dos soldados profesionales, siete regulares y once civiles, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes.

Infantes vendían armas a eln

Seis integrantes de la Armada adscritos al Batallón Fluvial #24 de Infantería de Marina fueron detenidos el pasado mes de diciembre por el CTI en Buenaventura, Valle del Cauca. Los infantes son acusados de vender armas de fuego a la guerrilla del Eln y bandas criminales como Los Rastrojos en Chocó y Valle de Cauca. También serían los responsables de suministrar información a esas organizaciones ilegales sobre el movimientos operacionales de las autoridades para evitar la incautación de estupefacientes y facilitar el transporte de insumos químicos. Estas personas también estarían involucradas en la venta de repuestos de los motores fuera de borda que pertenecen a la Armada Nacional, como también la comercialización del combustible que era designado para las embarcaciones en esa zona del país. Los seis miembros de la Armada fueron enviados a una cárcel por un juez de la república. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, trafico y porte de armas y peculado por apropiación.

Pilotos condenados

Aunque no se trató de un caso por vínculos con grupos armados ilegales, la ratificación de la condena que pesa contra dos pilotos de la Fuerza Aérea por el bombardeo al caserío de Santodomingo, del municipio de Tame (Arauca), el 13 de diciembre de 1998, en el que murieron 17 civiles, es el último caso que se registra contra miembros de esa fuerza. Al estudiar un recurso de casación, la Corte Suprema confirmó la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en 2011 en contra del piloto César Romero Padilla y el copiloto Johan Jiménez Valencia, por el lanzamiento de un artefacto explosivo tipo clúster, compuesta por seis bombas de fragmentación sobre el caserío, desde un helicóptero Bell UH-1H de matrícula FAC-4407. Estos hechos se remontan al 12 y 13 de diciembre de 1998 cuando ocurrieron una serie de combates entre las Fuerzas Armadas y las Farc y, por los mismos, fue condenado el Estado Colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012.

Ricardo Monsalve Gaviria

Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid

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