Hay 105 demandas por desprotección a líderes sociales, según la Contraloría

  • Imagen de archivo. Protesta contra el asesinato de líderes sociales. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Imagen de archivo. Protesta contra el asesinato de líderes sociales. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
COLPRENSA | Publicado el 23 de julio de 2018

Tras realizar un estudio sectorial, la Contraloría General de la República (CGR) identificó que se han interpuesto 105 demandas por un valor de 206.463,28 millones de pesos contra entidades del Estado por hechos relacionados con la desprotección a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en el país.

Para el ente de control, las acciones ejecutadas por el Gobierno “han sido insuficientes para brindar esquemas de protección a personas amenazadas, valoradas con riesgo extraordinario y extremo”, por lo cual hizo un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y cobertura para esta población.

“Se requiere una verdadera política de estado para proteger la vida de los líderes sociales amenazados. Son múltiples los factores que inciden en la continúa vulneración del derecho a la vida e integridad de la población amenazada por parte de organizaciones ilegales. Los atentados contra líderes y activistas sociales no solo truncan sus vidas sino que afectan de manera grave los intereses patrimoniales del Estado”, manifestó Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República.

De acuerdo al análisis elaborado por la Contraloría, en el periodo 2015-2017 se destinaron 1.71 billones de pesos para la implementación de esquemas de protección, de los cuales el 61 % (978.295 millones) se dedicaron a medidas en pro de personas amenazadas, frente a los 618.307 millones (39 %) que se destinaron a esquemas en virtud de cargos o dignidades.

Protección a exmiembros de las Farc

El organismo de control también evidenció en el estudio las amenazas en contra de los exmiembros de las Farc, resaltando que hasta el año pasado se registraron 232 solicitudes de protección, de las cuales, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección aprobó 161 esquemas y se implementaron 123, lo que representó una aprobación del 76 %.

Así mismo, la Contraloría señaló que el Gobierno tendrá que destinar en los próximos años recursos adicionales para cumplir con el gasto asociado a la incorporación de los exmiembros de las FARC a la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, así como para implementar esquemas de protección para los miembros del partido político que conformaron, luego de su desmovilización.

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