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Expertos ven inviable que el acuerdo sea constitucional
Constitucionalistas consultados por EL COLOMBIANO aseguran que el reciente anuncio hecho desde la mesa de negociación es una trampa a la Constitución.
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Congresistas y negociadores del Gobierno y las Farc asistieron al anuncio realizado el jueves pasado en La Habana, Cuba. FOTO Colprensa
14 de mayo de 2016
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Uno de los preceptos del presidente Juan Manuel Santos en las negociaciones de paz en La Habana, es que en esa mesa no se discuten, ni se han discutido, las instituciones ni el orden nacional. A principios de este mes, Humberto De la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, aseguró en un foro realizado en la Universidad Externado de Colombia, que desde Cuba no se haría “una constitución a la sombra”.
“Creemos que el Congreso y la Corte Constitucional son instituciones claves para alcanzar la deseada seguridad jurídica. La mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales y el compromiso del Gobierno es promoverlas y convocar a los órganos competentes para lograrlo”, agregó De la Calle.
Sin embargo, varios analistas afirman que el Ejecutivo retrocedió en esa promesa con los anuncios hechos el jueves pasado, en los que ambas partes, Gobierno y Farc, pactaron que una vez firmado el acuerdo final y entre en vigor, ingresaría en sentido estricto al bloque de constitucionalidad.
Después del anuncio, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la cual le mostró las implicaciones que desencadenaría que la mesa de conversaciones se revista de poderes constituyentes no otorgados ni por ordenamiento jurídico ni por el pueblo.
Ordóñez agregó: “pretenden ustedes que la totalidad de los acuerdos negociados y por negociar con las Farc, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución, y su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas”.
Por su parte, Santos aseguró desde Londres que en este nuevo punto pactado “las Farc están reconociendo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, nuestra Constitución, nuestras leyes y los poderes que emanan de esa Constitución”.
Así es como el Gobierno y las Farc han considerado que este consenso, además de blindar jurídicamente el acuerdo final —aún sin firmar—, es una manera de darle un lugar de importancia a instituciones como el Congreso y la Corte Constitucional, instituciones que evaluarán y permitirán el ingreso del acuerdo especial a la Constitución.
“Que quede claro que todos esos mecanismos jurídicos, las facultades, la elevación a acuerdos especiales, ninguno de esos mecanismos entrarán a funcionar si los colombianos no han salido a las urnas a votar por el sí a los acuerdos de paz de La Habana”, aclaró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Para dilucidar el mar de incógnitas y voces a favor y en contra generadas tras el anuncio, EL COLOMBIANO habló con expertos acerca de la viabilidad de esos acuerdos a la luz del derecho internacional y de la misma Constitución Política de Colombia.
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