Fiscalía pide a la Procuraduría intervenir en decisión de la JEP sobre Santrich

  • Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación. FOTO COLPRENSA
    Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación. FOTO COLPRENSA
Colprensa | Publicado el 17 de mayo de 2018

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Procuraduría General intervenir en la decisión emitida por la Sala de Revisión de la Justicia Especial para la Paz, que anunció la suspensión de la extradición de Seuxis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich.

“Dado que la Fiscalía no es sujeto procesal en actuaciones ante la JEP, he solicitado al Procurador General intervenir ante Sección de Revisión para pedir revocatoria de su decisión de hoy, en la defensa del orden constitucional de la República”, señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez en Twitter.

Martínez envió una carta el procurador General, Fernando Carrillo, donde reitera que la decisión tomada por la JEP pone en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional, al tiempo que le solicita que intervenga el trámite para que se revoque o se decrete su nulidad.

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“Tengo la certeza de que su Despacho obrará con prontitud y determinación en la defensa del orden constitucional de la República, en esta hora en que ha quedado amenazada la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación judicial internacional en la lucha contra el delito”.

En el documento, el jefe de la entidad manifestó su preocupación por las acciones que tomó el tribunal. Para Martínez, con esta determinación la Justicia Especial para La Paz está imponiendo normas que no son consideradas por el Congreso de la República.

“No es admisible que un juez dicte su propia ley, pues ello significa claramente antagonizar al principio democrático de la división de poderes, existente desde Montesquieu”, dijo Martínez, quien aseveró que “la JEP no puede dictarse sus propias reglas de procedimiento. La expedición de los procedimientos legales ante esa jurisdicción compete únicamente al legislador”.

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Del mismo modo, el jefe del acusador señaló que la determinación de la JEP es un riesgo para la institucionalidad del país. “Constituye un desafío al orden constitucional de la República que el propio juez pretenda gobernar el trámite de la extradición y, mucho más, si lo que procura es avasallar las competencias de otras jurisdicciones”, dice la carta.

Indicó que “a la Presidenta y al Secretario Ejecutivo de la JEP les estaba vedado disponer en el artículo 134 del Reglamento General, la suspensión del trámite de extradición”, porque como lo afirma la Corte Suprema de Justicia, “la suspensión del trámite de extradición no está prevista en las normas hasta ahora expedidas para implementar el acuerdo final de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para la terminación del conflicto armado”.

Por último, indicó que las autoridades estadounidenses están “preocupadas” por la determinación que tomó la JEP. Señaló también que la decisión del tribunal “no tiene cabida”, debido a que sólo debe decidir si Santrich es procesado o no por la justicia ordinaria.

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