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Con decreto presidencial, Fiscalía decidiría sobre los bienes de Farc
JEP y ente investigador esperan respuesta de la Corte Constitucional sobre sus competencias.
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La casa donde habitó el máximo jefe de las Farc Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, durante los diálogos del Caguán, está entre los predios que la extinta guerrilla relacionó en el listado de bienes inmuebles entregado a la Fiscalía. FOTO róbinson sáenz
04 de diciembre de 2018
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La crisis desatada entre la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Especial para la Paz, JEP, por el manejo de los bienes de las Farc, tiene un nuevo capítulo: el presidente Iván Duque facultará al órgano investigador para que todos aquellos activos no declarados por la extinta guerrilla sean objeto de extinción de dominio.
Ese punto en especial generó hace dos meses un choque de trenes por un conflicto de competencias que ambas entidades se niegan a aceptar, pero que podría terminar con el decreto que Duque firmará.
“Seremos implacables con la reincidencia y, por eso, vamos a dotar a la Fiscalía de todas las herramientas para que pueda extinguir el dominio de aquellos bienes que no fueron declarados y que esos recursos puedan contribuir a la reparación económica de las víctimas”, señaló el Jefe de Estado.
Con esta norma, el presidente Duque buscará subsanar, de una vez por todas, el asunto que terminó incluso con la petición de ambas entidades a la Corte Suprema para que sea este tribunal quien dirimiera a quien le corresponde el asunto de los bienes.
Conocida la decisión gubernamental, el máximo representante de Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko, argumentó que no es necesario dicho decreto, toda vez que los desmovilizados hicieron entrega de las propiedades.
“Me parece una ironía. Si hay bienes que no se entregaron pues están a disposición de la justicia. No creo que tengan que hacer un decreto especial o una norma especial para eso, no tiene sentido (...). Si supuestamente es verdad que no entregamos eso, pues en cualquier momento pueden echar mano. Nosotros hemos sido fieles a lo que nos comprometimos a cumplir”, dijo Londoño Echeverri.
Lo que desató la crisis
Hace dos meses, el exjefe guerrillero y ahora dirigente político Pastor Alape, insistió en solicitar a la JEP medidas cautelares “de protección urgente de aseguramiento de los bienes y activos incluidos por las FARC EP (sic) en el inventario de sus recursos de guerra”.
Una de las razones expuestas por Alape es que el Estado se ha demorado para recibir los bienes, algunos se han perdido y otros están en riesgo de perderse.
“La JEP tiene todo el derecho de solicitar información sobre los bienes de Farc en poder de la Fiscalía, pero parece que el fiscal tiene otro planes para esos recursos que no incluyen la reparación a las víctimas y el aporte a la verdad del conflicto”, dijo Alape.
El 24 de octubre pasado, días después de la solicitud del exjefe, la JEP ordenó a la Fiscalía entregar un informe detallado de los bienes “que no fueron inventariados y que se encuentran en extinción de dominio, para que sea la JEP la que defina si se decretan medidas cautelares sobre ellos”.
Esta acción llevó a un nuevo encontronazo entre la Fiscalía y la JEP por la competencia sobre el asunto y llevó a que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, enviara un documento al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, para que sea este alto tribunal decidiera cómo procederse.
A su vez la JEP, a través de su presidente Patricia Linares, envió una misiva explicándole a la Corte que no hay conflicto de competencias y que, en caso de que haya un fallo de fondo, declare que la JEP “tiene la competencia de resolver las medidas cautelares”.
El constitucionalista Juan Manuel Charry, señaló que en virtud del Acuerdo debería consultarse lo aprobado, pero aun así, el presidente de la República está en plena facultad de decidir sobre el régimen ordinario y de este hacen parte la Fiscalía y los jueces.
“Hasta donde tengo entendido, Farc tendría que declarar los bienes y si no están sujetos a la extinción de dominio y este es parte del régimen ordinario. En esa vía, el presidente tiene al facultad para regularlo”, argumentó el jurista.
Consultada la JEP, desde la oficina de comunicaciones expresaron que no habría un pronunciamiento frente a la medida del presidente Duque.
167
mil 500 gramos de oro fue lo que relacionaron las Farc en su primer listado a la Fiscalía.
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