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Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se desarrolló la política de restitución de tierras, hoy, un día antes de terminar su mandato también culmina su labor Paola Cadavid, quien desde el inicio trabajó en la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia y la lideró durante tres años y medio.
EL COLOMBIANO habló con ella para hacer un balance y revisar el futuro del programa en el departamento.
¿Cuál es el balance de la gestión de restitución de tierras en Antioquia?
“La gestión es que de 20.200 solicitudes que hay en Antioquia, 7.982 ya han sido estudiadas y ya se decidió sobre su inclusión en el registro de tierras despojadas, 1.611 casos están a punto de ser presentadas ante los jueces de restitución, 1.356 se encuentran en demanda, y 1.468 están con sentencia, que impactan a 9.000 personas y a su vez han recibido beneficios relacionados con proyectos productivos y de vivienda por 27.500 millones de pesos”.
¿Qué es lo de mostrar en Antioquia?
“Siempre pensamos que a la gente hay que ayudarle a superar la línea de pobreza y a que, dentro de las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición su condición sea mejorada, por eso los proyectos productivos. Pero esto tiene un efecto radical, el que la gente pueda contar, sin mayores trámites y en menos de seis meses, con un desembolso, estar sembrando y al año estar percibiendo los frutos de su trabajo e incluso sobreviviendo con eso, para nosotros es transformador”.
¿Cómo ha sido la atención a los ocupantes que están en las tierras a restituir?
“Tenemos terceros ocupantes de diferentes naturalezas, los cualificados que son aquellas personas que tienen un poder económico, político y social que no los hace vulnerables, en esos tenemos personas que están en los predios y tendrán que dar cuentas a la justicia acerca de cómo llegaron allá, con esto también tengo que hacer la claridad de que no significa que todo el que esté en un predio reclamado es porque es cómplice con el despojo, llegó allá por muchas circunstancias; pero también encontramos unas personas muy vulnerables, dentro de las que están: otras víctimas desplazadas que al verse sin tierras ingresaron a predios de otras personas, gente que fue movilizada por grupos armados en lo que algunos de ellos llamaron sus reformas agrarias (caso la Casa Castaño y algunos casos del Epl), y también encontramos algunos campesinos pobres que compraron en territorios que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Ya la sentencia de la Corte Constitucional nos obliga a atenderlos y la Unidad de Restitución ha invertido un importante recurso en atender a esos ocupantes, desde comprarles tierras, pagarles arrendamientos temporales o darles proyecto productivo para que salgan del predio en condiciones de dignidad”.
¿Y cómo se ha respondido a los brotes de violencia?
“Hay algunos sectores con intereses muy marcados sobre las tierras, como Turbo, el Norte de Urabá, en algunos sectores del Nordeste Antioqueño (Segovia y Remedios), pero no quiere decir que sea un fenómeno generalizado”.
¿Hay preocupaciones por el manejo que se le pueda dar a la restitución en el próximo Gobierno?
“Esta es una política pública instalada, que está soportada en una ley, en documentos Conpes, que tiene toda una institucionalidad funcionando, yo creería que esa política se debe mantener, a lo que invitamos al nuevo Gobierno es a que mantenga una línea técnica, la restitución sigue siendo un ejercicio técnico de llevar justicia restitutiva al campo, que no tiene que estar permeada por asuntos políticos”.
¿Cuáles son los retos?
“La atención a los ocupantes es un asunto que se debe seguir trabajando y mantener, que debe ser muy técnica, porque nos hemos encontrado, y respetuosamente se lo hemos dicho a los jueces, que en algunos casos se ha confundido el concepto y se han otorgado medidas a personas que no las necesitan. Otro reto es mantener la línea decisoria frente a casos de personas ligadas al narcotráfico que están recurriendo a la Unidad para reclamar bienes que les fueron expropiados o que tuvieron que entregar como botines de guerras en disputas con otros grupos de narcotraficantes, que se nos presenta muchísimo. Otro asunto que debe atender el Gobierno es el catastro multipropósito, para nosotros es toda una odisea identificar un predio”.
¿Cuáles son los casos en los que hay que poner especial cuidado?
“Hay que prestar atención a las tensiones que hay entre lo ambiental, la restitución y los proyectos de infraestructura, esa triada de cómo restituir un predio que está en una reserva forestal, por ejemplo”..