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Hace cuatro años en Colombia se hablaba de elegir un Congreso para la paz. Luego de 50 años de guerra con las Farc y en medio de un proceso de negociación política que mostraba grandes avances, se hablaba de la necesidad de conformar un Congreso que concluyera de forma exitosa esta tarea y apoyara al Ejecutivo en la construcción de la paz.
En la actualidad la situación es algo similar, pero con claras diferencias. Hoy se requiere de nuevo un Congreso para la paz, pero en esta ocasión, que trabaje para profundizarla y consolidarla, además que ayude a fortalecer la democracia.
La labor que se le encomendó a la saliente legislatura la cumplió, aunque no en su totalidad. Se logró firmar la paz con las Farc y se avanzó en crear un conjunto inicial de reformas para la implementación del Acuerdo del Teatro Colón.
En el año de vigencia que tuvo Fast track se logró aprobar por parte del Congreso de la República cuatro leyes y siete actos legislativos. Pero el trabajo de generar la totalidad de normas para la implementación y de las reformas necesarias para gestionar los cambios en que debe operar en el posconflicto fue tarea apenas iniciada.
Crear sistema institucional
En este sentido, una de las principales tareas y más urgente del nuevo Congreso será continuar recorriendo la ruta trazada de la paz. En lo que se relaciona con la implementación del Acuerdo, las cifras más optimistas hablaban de avances menores al 20 %.
Aunque se emitieron normas tan importantes como aquellas que permitían el indulto, la amnistía, la justicia especial para la paz y la oposición política, para nada se avanzó en otros asuntos añejos como la tenencia y distribución de la tierra, la solución integral al problema de drogas ilícitas y la atención prioritaria a las víctimas del conflicto.
Conscientes de esta situación y con la claridad de tener un camino a seguir, es claro que la principal tarea del nuevo Congreso de la República es ayudar a construir el sistema institucional necesario para consolidar la paz y la democracia en Colombia.
El legislativo entrante deberemos pensarlo como un conjunto de arquitectos constitucionales para el posconflicto. Líderes políticos, elegidos popularmente, que representen los intereses de toda la sociedad. Personas capaces de pensar y seleccionar cuidadosamente sus propuestas, que debaten y defienden con altura sus ideas y además que aprueban razonadamente las leyes necesarias para construir el futuro de la nación.
Y aunque es cierto que las labores del nuevo Congreso no deben reducirse a generar el conjunto de normas que hagan posible el cumplimiento del Acuerdo de paz, si es cierto que de la implementación de lo acordado y las dinámicas que se generen en el escenario del Parlamento dependerá buena parte del desarrollo político, social y económico del país.
Del aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el posconflicto con las Farc depende que Colombia transite a una sociedad distinta, aquella caracterizada por la reconciliación y la resolución no armada de los conflictos. No podemos permitirnos volver a viejas prácticas.
En definitiva, el nuevo Congreso deberá trabajar en proponer reformas legislativas que permitan consolidar la paz y la democracia. En este sentido la tarea más importantes es avanzar de manera más expedita en la implementación del Acuerdo con las Farc, con el fin de dar cumplimiento a lo acordado y buenas señales a otros grupos armados para negociar la paz.
Se hace necesario crear un sistema de gestión de conflictos, que haga frente al tema de la reconciliación y la resolución de conflictos en una sociedad polarizada.
De otro lado, es importante que se continúe con las discusiones sobre las reformas al sistema electoral y las circunscripciones especiales, que incluya a las minorías, a las víctimas, a los excluidos del sistema, y que permita la confluencia de múltiples actores políticos en el poder.
Finalmente, es urgente avanzar en realizar reformas al sistema económico que permitan la redistribución y atacar con ello la exclusión, la pobreza y el abandono de uno territorios. Las diferencias territoriales hacen que persistan las conflictividades.
El problema del narcotráfico, tanto en la ciudad como en el campo, así como la minería ilegal y los diversos negocios ilegales y criminales se deben, en parte, a la falta de oportunidades económicas.
En este sentido, se requiere del nuevo Congreso de la República avanzar en reformas agraria integrales, en los programas que atiendan el complejo problema de las drogas y en tener un programa de atención de víctimas y desplazados.
En breve, un legislativo encaminado a realizar diseños institucionales que fortalezcan el sistema democrático y de justicia social, que mejoren la equidad y la redistribución, y que construya a crear una sociedad que se caracterice por la cooperación y a convivencia pacífica .
*Doctor en Estudios Políticos de la U. Externado y docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en la línea de conflicto armado, paz negociada y posconflicto.