JEP también dirimirá extradición de familiares de exguerrilleros

  • Estos son 36 de los 38 magistrados que tienen en sus manos impartir justicia restaurativa en la JEP. FOTO Cortesía JEP
    Estos son 36 de los 38 magistrados que tienen en sus manos impartir justicia restaurativa en la JEP. FOTO Cortesía JEP
Por OLGA Patricia Rendón m. | Publicado el 13 de abril de 2018
en definitiva

El borrador de proyecto de ley de procedimiento de la JEP indica el funcionamiento de esta jurisdicción. Entre sus competencias está revisar las solicitudes de extradición de familiares de exfarc.

Con la captura del excomandante guerrillero Seuxis Pausivas Hernández, conocido como Jesús Santrich, con fines de extradición por narcotráfico, el país entró a la discusión sobre cuáles son las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que aún le falta el tramite legislativo que le permita funcionar a toda marcha.

EL COLOMBIANO conoció el borrador del proyecto de ley de procedimiento de la JEP y la exposición de motivos que los magistrados de esa nueva jurisdicción enviaron al presidente Juan Manuel Santos, en la que se plantean lo que consideran debe ser incorporado en la ley para garantizar su pleno funcionamiento.

El artículo 192 dice que es la JEP la competente para revisar las solicitudes de extradición de los miembros de las Farc y de las demás personas sometidas a su jurisdicción, y determinar si los hechos que se les atribuyen fueron cometidos con ocasión del conflicto y antes del 1 de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigor el Acuerdo de Paz, por lo que no procedería la extradición, o si los hechos ocurrieron posteriormente y el caso pasa a la justicia ordinaria.

Ese mismo artículo indica que “corresponde igualmente a la Sección de Revisión decidir en los casos de extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes de las Farc o de una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser miembro de dicha organización...” y aclara que procede únicamente respecto de conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016.

Quiere decir que si se llegara a presentar una solicitud de extradición sobre padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, esposos, suegros, yernos, nueras o hijastros de algún miembro de las Farc o de alguien señalado de serlo, esté sometido o no a la JEP, será competencia de esa jurisdicción definir si debe pasar a la justicia ordinaria para ser extraditado o no.

Así estaba establecido en el Acuerdo de Paz y se mantuvo en la reforma constitucional que creó el Sistema de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición. El Gobierno sustentó entonces en su exposición de motivos que “es una experiencia aprendida de los procesos de justicia transicional que ya ha vivido el país y que han demostrado que la extradición de responsables de crímenes atroces en el marco del conflicto armado satisface a la justicia de países extranjeros en su lucha contra el narcotráfico, pero desconoce los derechos de las víctimas en Colombia”. La Corte Constitucional lo declaró exequible en noviembre del año pasado.

Ampliación inconveniente

Para Juan Manuel Charry, constitucionalista de la Universidad del Rosario, aunque es una reiteración de algo que ya está en el Acto Legislativo, no es conveniente. “Es una medida desproporcionada en el sentido de extender la garantía a los familiares de los miembros de las Farc”, dijo.

Charry aclaró que los parientes no tienen beneficios si el delito del cual se les acusa fue cometido después de la firma del acuerdo, si no está relacionado con el conflicto y si tiene ánimo de lucro para ellos o para terceros.

Por ahora, la formulación del proyecto de procedimiento está en manos del Gobierno, que lo radicará en el Congreso en los próximos meses.

El magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que “para diseñar la propuesta tuvimos en cuenta las lecciones aprendidas en las leyes de Justicia y Paz y el Código de Procedimiento Penal, con la idea de hacer mucho más sencillo y ágil el proceso jurídico”.

EL COLOMBIANO le presenta cinco puntos claves del proyecto de la JEP que ya tiene el presidente Santos.

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EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento de 130 páginas del borrador de proyecto de ley de procedimiento de la JEP. <b><span style="text-transform:uppercase"> </span></b>
EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento de 130 páginas del borrador de proyecto de ley de procedimiento de la JEP.

Contexto de la Noticia

Participación

El proyecto propone garantizar una presencia lineal durante el proceso permitiéndoles participar en los juicios orales, interrogar al acusado y los testigos, testificar, interponer recursos, hacerle seguimiento a las sentencias y, tendrán garantías de protección. Las víctimas de violencia de género contarán con medidas especiales que implican procesos expeditos.

de las víctimas

La Unidad de Acusación e Investigación de la JEP, que hace las veces de la Fiscalía, tendrá a su cargo un equipo de Policía Judicial, que procederá con capturas, allanamientos, ejecución de pruebas e investigación. La JEP no dependerá de la acción del CTI de la Fiscalía aunque podrá pedir ayuda si la requiere, de igual forma al Instituto de Medicina Legal.

Policía Judicial de la JEP

Para la JEP no habrá ningún tipo de información clasificada, ni militar, ni de inteligencia, ni de seguridad nacional, aunque sí debe guardar reserva de los hallazgos en dichos documentos. Para el manejo del gigantesco archivo que llegará a sus manos creará el Grupo de Análisis de la Información, para no repetir la pérdida de documentos de Justicia y Paz.

Sin información clasificada

El borrador de proyecto de ley no define cuáles serán las sanciones que impondrá la JEP, aunque sí aclara que se determinará la sanción según la gravedad y modalidades de la conducta, las circunstancias de mayor o menor punibilidad, la personalidad del agente, el número de conductas punibles, la magnitud del daño causado, en particular a las víctimas, entre otros.

condiciones para las sanciones

Los acusados que aporten verdad tardía, pero antes de la sentencia del Tribunal de Paz, podrán tener una conferencia restaurativa con las víctimas, de hasta 30 días, en la que tratarán de acordar medidas de reparación, garantías de no repetición y sanciones, si se llega al acuerdo el Tribunal revisará la proporcionalidad de la sanción y emitirá sentencia.

OPINIóN Lo que falta para empezar

Roberto Vidal
Magistrado del Tribunal de Paz
“Hoy podemos funcionar con nuestro reglamento interno, pero el avance de nuestros procesos dependen de la Ley de Procedimiento que está en la Presidencia de la República. Esperamos que muy pronto la presenten con la ilusión de ser aprobada en la última legislatura de este Congreso. Nos imaginamos que en un periodo muy corto empecemos a producir decisiones”.
Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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