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Si se juzgara por los resultados operacionales de la Fuerza Pública contra el crimen organizado durante 2018, este habría, prácticamente, acabado en Colombia. Pero evidentemente no es así.
Analistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que podría hablarse de un eterno reciclaje de la violencia, alimentado por varios factores como la pobreza, la vulnerabilidad en muchas comunidades y las fallas en el sistema de justicia colombiano.
De acuerdo con el Ejército, en 2018, 3.575 criminales salieron de circulación, por decirlo de algún modo, al ser capturados, resultaron muertos en operativos o se entregaron voluntariamente a las autoridades. Cifras que hablan de la magnitud del problema.
Sin embargo, pese a las capturas, los cálculos de inteligencia militar sobre la cantidad de integrantes de los grupos se mantienen igual que en 2017, o crece, como en el caso de las disidencias.
El coronel (r) Jhon Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, explicó que “las capturas no se compadecen con la judicialización”, es decir, muchos de quienes resultan aprehendidos no llegan a ser condenados, porque en algunos casos no hay suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad, por mal procedimiento en la captura o por vencimiento de términos.
“El Ejército no tiene funciones de policía judicial, y eso dificulta mucho que las capturas que haga después de un combate sean jurídicamente válidas, esa gente vuelve otra vez a integrar a sus cuadrillas”, señaló el coronel.
Por otro lado, los grupos siguen reclutando gente, en su mayoría no lo hacen de manera forzada ni apegados a ninguna ideología sino con el ofrecimiento del dinero que dejan las economías ilegales.
En general, los grupos aprovechan la ausencia de Estado en muchas zonas del país para convertirse en la única opción de supervivencia, advirtió Marulanda.
Para Santiago Londoño, exsecretario de Seguridad de Antioquia, es claro que las organizaciones tienen una capacidad de reclutar de cuatro a uno con relación a la capacidad del Estado para capturar.
“Aquí hay que entender que además de la de investigación, captura, condena y resocialización es necesario un capítulo muy grande de prevención, porque si bien el narcotráfico, el microtráfico y la minería son importantes, el combustible principal para esos grupos son los jóvenes”, dijo Londoño.
Y agregó que si no hay presencia institucional de programas que ayuden a esas comunidades a superar la pobreza, la violencia y su relación con las drogas y el alcohol va a ser muy difícil para el Estado que las listas de criminales con nuevos alias dejen de engrosarse permanentemente.