Nariño pide ayuda urgente del Gobierno ante la crisis de orden público

  • Las comunidades afrodescendientes, los campesinos e indígenas son los pobladores más vulnerables en Tumaco, un municipio que los narcos, las bandas y las guerrillas han querido tomar de fortín. FOTO: Donaldo Zuluaga.
    Las comunidades afrodescendientes, los campesinos e indígenas son los pobladores más vulnerables en Tumaco, un municipio que los narcos, las bandas y las guerrillas han querido tomar de fortín. FOTO: Donaldo Zuluaga.
Por: Nelson Matta Colorado | Publicado el 20 de abril de 2017

Los continuos desórdenes públicos, la zozobra económica y la creciente inseguridad ciudadana, tienen las alarmas disparadas en el departamento de Nariño y en especial el municipio de Tumaco, donde los ciudadanos y las autoridades esperaban una época de tranquilidad después del acuerdo de paz de La Habana.

“Los bloqueos de la vía al mar protagonizados por cocaleros que se oponen a la erradicación forzosa, dejan como resultado trágico la muerte de un policía, otro gravemente herido, quema de once vehículos, pérdidas multimillonarias para la frágil economía local y en un suceso que no se registraba hace mucho tiempo en Colombia, la retención de 11 miembros de la Fuerza Pública, los cuales gracias a la mediación de Naciones Unidas y líderes de derechos humanos fueron liberados, evitando una confrontación que hubiese resultado dramática”.

Esto dice uno de los párrafos de la carta enviada al Presidente de la República el pasado 17 de abril, de parte del gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, con el respaldo de los congresistas de ese departamento, los diputados, el comité intergremial y la Alcaldía de Pasto.

En su misiva, las reseñadas autoridades hacen énfasis en que en Nariño uno de cada cuatro habitantes ha sido víctima del conflicto armado. Y según el último Censo de Cultivos Ilícitos de la ONU, en la localidad de Tumaco está sembrado el 18% de todas las matas de coca del país, es decir, 16.960 hectáreas, lo que la convierte en la central mundial de la cocaína.

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Sus ciudadanos padecen el azote de bandas de crimen organizado y la guerrilla del Eln, que se disputan los territorios para el cultivo y procesamiento de la droga, así como las rutas para exportarla por el océano Pacífico.

A esto se suma la influencia de carteles internacionales del narcotráfico y una deteriorada situación social, con desempleo y servicios públicos insuficientes, tal como pudo comprobar EL COLOMBIANO en una serie de tres reportajes publicados entre septiembre y octubre del año pasado.

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“(...) Reina la incertidumbre y la preocupación por lo que se avizora como una época de mayor violencia, a diferencia de la expectativa de paz y tranquilidad que se tenía a raíz de la firma de los acuerdos con las Farc”, reza el documento.

De hecho, fue en el corregimiento tumaqueño de Llorente donde se presentó el primer asesinato de un militante de las Farc beneficiado por las medidas de amnistía e indulto derivadas del Acuerdo de La Habana. Tal cual lo denunció la Defensoría del Pueblo, el crimen ocurrió el pasado 16 de abril (un día antes de la carta enviada a la Presidencia) y la víctima fue Luis Alberto Ortiz Cabezas (“Pepe”).

Durante la última década, en la zona delinquió la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, con presencia urbana y rural.

El gobernador Romero solicitó al presidente Juan Manuel Santos que visite a los pobladores de Tumaco y realice allí un Consejo de Ministros, en el que se planteen estrategias para amilanar esta problemática.

También pidió apoyo de las autoridades nacionales para consolidar los planes con miras al posconflicto, como quiera que en el área hay instalada una Zona Veredal de Transición para las Farc y se ejecuta en la actualidad un proyecto piloto de sustitución de cultivos ilícitos.

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Su idea es crear una comisión de alto nivel, que “instale una mesa de acompañamiento y seguimiento permanente a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, en la que participen, además de los delegados del Gobierno, representantes de la sociedad civil, la Iglesia y los cultivadores, que tendría el respaldo de 14.000 familias campesinas.

El gobernador concluye afirmando que “Nariño se la jugó por el proceso de paz con las Farc y no merece que ahora deba enfrentar una nueva época de violencia”.

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