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Amenaza de nuevos reclutadores de menores de edad
Las bandas criminales ganan terreno como responsables de la vinculación ilegal de niños y adolescentes para sus diferentes actividades delictivas.
14 de abril de 2015
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Durante el combate con la banda criminal en una zona selvática de Unguía, los soldados capturaron a un joven de 18 años conocido como “Arley”. Tenía un fusil calibre 7.62, la munición prohibida por el Derecho Internacional Humanitario por su poder de destrucción.
Al ser identificado reveló que tenía 18 años y que fue reclutado a los 16 años en esa misma zona de Chocó por miembros del “clan Úsuga” (conocidos como “los Urabeños”) y enviado con el frente Darién Chocoano de esta bacrim.
También confesó que fue integrado como “patrullero” y que ya había participado en acciones armadas. Pero como adulto, “Arley” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, utilización de prendas militares y concierto para delinquir.
Como muchos otros menores de edad, pasó de víctima del reclutamiento a victimario como integrante de la mayor banda que delinque en Colombia. Tras las guerrillas de las Farc y el Eln, emerge en la actualidad como uno de los principales grupos armados ilegales que reclutan menores de edad en el país.
Este fenómeno derivado de décadas de conflicto armado sigue frustrando la vida de miles de niños y jóvenes que pierden su niñez y su juventud empuñando un arma. Los que no mueren terminan trastornados mentalmente, discapacitados o pasan de víctimas a criminales.
Así lo ha lamentado el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien ha denunciado la “instrumentalización de menores para actividades ilegales como en Buenaventura, donde son utilizados para el cobro de extorsiones, microtráfico de narcóticos, hurtos y hasta atrocidades en las llamadas casas de pique”, donde las bandas descuartizan a sus víctimas.
En ese municipio vallecaucano se enfrentan a sangre y fuego las bandas “los Urabeños” y “la Empresa” por negocios ilegales como el narcotráfico en la región Pacífica.
Con ese fin las comunidades han denunciado reclutamientos en los barrios Ciudadela Nueva Buenaventura, El Progreso, Independencia, Nueva Floresta, Campo Alegre, Vista Hermosa y Unión de Vivienda Popular.
Regiones con más riesgos
Basado en el sistema de alertas tempranas del organismo, que recoge casos y situaciones de riesgo en todas las regiones, el defensor del Pueblo advierte que, aparte de las guerrillas, los grupos “posdesmovilización son los que mas reclutan menores de edad”.
Un reciente informe de la Defensoría indica que durante los años 2013 y 2014 las bandas criminales como clan Úsuga, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Rastrojos, el Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vichada, se constituyen en el principal factor de riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes en 65 de las 139 situaciones advertidas.
Los departamentos donde las bandas criminales se convierten en factor de riesgo son: Antioquia, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Sucre, Santander, Casanare, Caldas, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Putumayo, Vichada, Guaviare y Meta.
Las Farc aparecen en 52 de las situaciones de riesgo como fuente de amenaza de reclutamiento en 21 departamentos, mientras que el Eln es fuente de amenaza en 22 situaciones, en ocho regiones (ver infografía).
Los municipios con mayor índice de reclutamiento de menores son San Vicente del Caguán, Planadas, Tame, Puerto Guzmán e Ituango.
Fuentes militares indican que mientras la guerrilla mantiene el reclutamiento forzado de menores para cubrir las deserciones y bajas en combate, las bandas criminales los usan no solo como combatientes.
Según un oficial del Ejército, “también sirven de ‘carritos’ para el transporte de armas, de estupefacientes, cobrar extorsiones, de informantes o campaneros. Son intrépidos, baratos de mantener y fáciles de reclutar con engaños como pago de dinero”.
La Fiscalía también está al tanto del delito del reclutamiento y según un informe de la Unidad Nacional de Atención a Víctimas de la Fiscalía, contrario a la creencia común, este delito también se da en las ciudades.
Digna Isabel Durán, subdirectora de la Unidad, informó la semana pasada que “tenemos 296 casos reportados en los últimos seis meses, donde Mocoa presenta el mayor número, seguido de Villavicencio, Popayán, Ibagué, Cauca, Quibdó, Pasto, Medellín, Bucaramanga y Buga”.
Las regiones focalizadas por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía coinciden con la georreferenciación de presencia de los grupos armados ilegales en el país.
La desprotección
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, ha denunciado que mediante la violencia, las amenazas contra ellos o sus familias y la vulnerabilidad en muchas regiones favorecen que los niños y adolescentes caigan en las redes de guerrillas y bandas criminales.
Pero además, según el estudio Observar para Proteger, una investigación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la pobreza y otras formas de violencia propician el reclutamiento ilegal.
“El maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, con énfasis en las niñas, así como la pérdida de seres queridos por acciones de grupos armados, se convierten en móviles para que la niñez busque un medio de protección. Lo que encuentran en estos grupos es un espiral de violencia”, concluye el informe.
Con este análisis coincide Gloria Camilo, gerente de Programas de la ong War Child en Colombia, “Una de las causas tiene que ver con la falta de garantía de los derechos de la niñez. Entre el 50 y 60 por ciento de los niños vinculados a actores armados pertenecen a áreas rurales, afro o indígenas. No tienen acceso a la escuela y sus familias están en condiciones económicas de extrema pobreza, o víctimas de violencia intrafamiliar”.
En su informe del año 2014, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, recomienda “especial atención a la desvinculación y reintegración de los niños, a través de un plan de acción que tenga en cuenta problemas de acceso a la educación y salud en gran parte de la Colombia rural, así como riesgos de revictimización o de reclutamiento de otros grupos armados”.
Su representante en Colombia, Todd Howland, así como la Agencia Colombiana para la Reinserción, señalan que las bandas criminales son de las mayores amenazas para la reinserción de los desmovilizados de las autodefensas y las guerrillas.
En varias regiones son presionados para integrarse a esos grupos ilegales para aprovechar su conocimiento de la zona y entrenamiento.
En Urabá aún recuerdan el caso de un joven chocoano que tenía 20 años, en 2012. Fue capturado el primero de enero de ese año durante el operativo de la Policía en una finca de Acandí (Chocó), donde murió el jefe de “los Urabeños, Juan de Dios Úsuga (alias “Giovanni”).
“Manuel” era uno de sus escoltas. Pero aparecía registrado en la Fiscalía como una de las 309 víctimas del reclutamiento forzado de menores que la sentencia contra el exjefe paramilitar Freddy Rendón, alias “el Alemán”, ordenaba reparar.
Tras desmovilizarse en 2005 declaró a las autoridades que ingresó a los 13 años a la “escuela de entrenamiento” de El Roble, que el bloque Élmer Cárdenas de los paramilitares tuvo en Necoclí.
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