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Entre enero y julio del 2017, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) registró un total de 65 casos de amenazas contra periodistas en Colombia, ahora, en lo que va corrido de 2018, esa misma fundación asegura que ya se tienen 89 intimidaciones a los comunicadores.
Ante este incremento la Flip expresó su preocupación y denunció cada uno de los casos ante las autoridades competentes.
“La Flip ha reportado los casos de amenaza ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la Flip ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación”, asevera la fundación.
Desde 2015, según las cifras reveladas por la organización, se viene presentando un aumento en las agresiones contra los periodistas. En ese año se documentaron 59 casos, en 2016 fueron 90 y el año pasado la cifra llegó a 129.
“Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión”, agregan.
Para la Flip, la situación que viven comunicadores de las regiones de Magdalena Medio, Putumayo y Antioquia, requieren de una atención urgente de las autoridades competentes para evitar cualquier hecho que lamentar.
Ricardo Ruidíaz, periodista y activista de la zona del Magdalena Medio, recientemente denunció la trata de menores por parte de los grupos armados ilegales de esa zona y al parecer debido a su trabajo ha recibido por lo menos 10 intimidaciones. Según denuncia la Flip, “el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero”.
Algo similar ocurre con Jhanuaria Gómez, quien labora en el municipio de Segovia, nordeste de Antioquia, donde se ha dedicado a investigar las acciones ilegales alrededor de la actividad minera ilícita. Afirma la Fundación para la Libertad de Prensa, que Gómez tuvo que abandonar el municipio y hasta ahora se encuentra sin protección y con una situación de vulnerabilidad alta.
amenazas contra reporteros se registraron desde enero
de 2015 hasta julio de 2018.