Por operativos contra la minería ilícita protestan en zonas veredales

  • En la vereda Carrizal, en Remedios, los campesinos reclaman que el Gobierno desmanteló la minería que les permitía sobrevivir en medio de dificultades económicas. FOTO Juan Antonio Sánchez
    En la vereda Carrizal, en Remedios, los campesinos reclaman que el Gobierno desmanteló la minería que les permitía sobrevivir en medio de dificultades económicas. FOTO Juan Antonio Sánchez
Publicado el 10 de marzo de 2017

Cerca de 400 mineros de Carrizal, entre Remedios y Segovia, bloquean desde hace varios días la entrada a la zona veredal en la que la Unidad Central del Bloque Magdalena Medio de las Farc hace su tránsito a la vida civil, y no dejan entrar alimentos ni materiales.

De acuerdo con sus denuncias, en operativos militares fue destruida la maquinaria con la que por años han sacado oro. “Nos estigmatizan como mineros criminales, mientras que lo que somos es mineros informales”, reclama Ricaurte García, de la mesa agrominera del Noroccidente.

Precisamente para hacer frente a esta situación el Gobierno desplazará este sábado al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Guillermo Murillo; al viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, y a algunos funcionarios del Ministerio del Interior, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Alta Consejería para las Regiones.

Una fuente del Gobierno Nacional precisó que en el caso específico de Carrizal han podido descubrir que hay un amplio abanico de mineros “y no todos son mineros pequeños, hay de todo, hay industria grande, grupos armados y, por supuesto, hay campesinos que han migrado a la minería artesanal. Por eso debemos diseñar estrategias para defender a estos últimos”.

Al respecto, Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, explicó que “lo que hemos visto son acciones de la Fuerza Pública que contrastan con la versión en el territorio de que son pequeños mineros. La autoridad dice que destruyó unas máquinas que valen muchos centenares sino miles de millones que no son exactamente de mineros artesanales”.

El informe entregado por las autoridades después del operativo en Remedios dice que se encontraron cinco excavadoras avaluadas en 800 millones de pesos, cada una, tres de ellas fueron destruidas; así como 22 dragas avaluadas en 300 millones de pesos cada una, 12 de ellas fueron destruidas, y una escopeta. Con esta acción, según el Ejército, se afectaban las finanzas del Eln.

Varios reclamos

La situación con los mineros no solo se presentó en Carrizal, también pasó en Chocó, cerca del punto transitorio de normalización de Vidrí, en Vigía del Fuerte.

Miguel Quejada, líder social de esa zona, señaló que el operativo que el Ejército desarrolló hace unos días y destruyó 16 dragas, afectando la seguridad alimentaria de la comunidad: “Nos dejaron sin con qué ganarnos la comida”.

Todos los líderes que llegaron a Medellín para realizar un conversatorio en la tarde de ayer, explicaron que el Gobierno prometió que la llegada de la zona veredal a sus comunidades no alteraría el orden y que se iba a proteger su actividad económica.

“El Estado no se puede comprometer a garantizar que se viole la ley. A los pequeños mineros hay que formalizarlos, para eso está entrando la Agencia de Renovación del Territorio”, anotó Córdoba, quien concluyó que independientemente de que haya zona veredal, “si se están dando situaciones de dimensiones importantes al margen de la ley, la tarea de la Fuerza Pública es resolverlas”.

Contexto de la Noticia

Paréntesis El posconflicto es de una década

A Ernesto Pinzón, de Remedios, le extraña que los medios y la opinión pública se preocupe tanto por las condiciones en que vivían los guerrilleros en las zonas veredales: “Así mismo, sin luz ni agua potable y con carreteras malas vivimos todos los campesinos de Colombia”. Por eso el Gobierno tiene un plan para atender a las comunidades más remotas, pero como expresó Carlos Córdoba, el plan para de desarrollo con enfoque territorial está diseñado a 10 años.

DICEN DE... presencia de armados ilegales

“No es que los paramilitares estén copando el territorio, es que ya están ahí”, advirtió Ernesto Pinzón, líder de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, refiriéndose a la presencia de bandas criminales. Y es esa misma presencia la que amenaza el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, como lo aclaró Ananías Vega, líder campesino de Ituango: “La mayoría de los campesinos quieren salir de la coca, pero vemos que el Gobierno está haciendo la erradicación forzosa, irrespetando el plan que ya tiene y los otros grupos armados están ofreciendo más plata, ofrecen incluso prestar la plata para sembrar más, y uno sabe que ese ofrecimiento viene acompañado de la amenaza del fusil”.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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