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Por qué no avanza la restitución de tierras en 10 municipios antioqueños
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En Urabá se han presentado ante los jueces reclamaciones sobre 13.000 hectáreas. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
17 de julio de 2015
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Cultivos ilícitos, terrenos minados y grupos armados ilegales, son tres de las 14 variables que impiden la restitución de tierras a los campesinos reclamantes de sus predios, despojados por las guerrillas o las estructuras paramilitares entre 1990 y 2006.
“Si esas 14 variables no se cumplen son amenazas para el proceso de restitución. La Fuerza Pública dice si las condiciones son óptimas o no”, explicó Paola Cadavid, directora de la Territorial de Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Anorí, Remedios y Segovia en el Nordeste; Ituango y Briceño en el Norte; Cáceres, Taraza y Caucasia en el Bajo Cauca; el corregimiento La Danta (Sonsón) y la vereda Las Palmas (Granada) son los territorios en los que hasta hoy la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no ha podido intervenir, pese a las solicitudes hechas por los reclamantes para recuperar hectáreas que alegan son de su propiedad.
En Antioquia, actualmente se tramitan a través de la URT 3.557 solicitudes de restitución en municipios del departamento donde existe presencia activa del conflicto armado.
La directora de la Territorial de Antioquia de la URT señaló que frente a estos casos específicos, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea no han dado conceptos favorables para la presencia de los funcionarios de la unidad de restitución en la zona, por lo que estas peticiones de campesinos y reclamantes no se han llevado a cabo.
Y es que en el Bajo Cauca, subregión en la que se incrementó el conflicto armado por la presencia de bandas criminales después de la última desmovilización de las Autodefensas en 2006, y la posterior guerra en el 2007 de grupos emergentes como “los Paisas” y “los Urabeños”, se ha mantenido la presencia de estructuras ilegales, que han mantenido su regularidad en hechos delictivos. Así mismo, el frente 36 de las Farc aumentó sus hostigamientos en la región.
“Hemos pedido conceptos en el Bajo Cauca, allí se nos ha dicho que no podemos adelantar el proceso porque hay riesgo de la presencia de grupos armados beligerantes, especialmente Farc y bacrim. El corregimiento del Piamonte en Cáceres, algunos sectores de Tarazá también han sido difíciles. En Caucasia tenemos intervenciones que quisiéramos ampliar, porque también en algunas veredas el concepto no es favorable”, agregó la directora de la URT.
No obstante, y pese al panorama negativo, han sido emitidas 132 sentencias con fallos favorables por los jueces y se han entregado 3.000 hectáreas aproximadamente. El Oriente de Antioquia, con más de 80 decisiones, es la subregión del departamento con más soluciones basadas en la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, según datos registrados en la oficina regional Antioquia de la Unidad de Restitución.
En este momento, la URT trabaja en los procesos en el Urabá antioqueño (Arboletes, San Pedro de Urabá, Apartadó, Chigorodó, Carepa y Mutatá), Suroeste (Montebello), en el Nordeste (San Roque, Santo Domingo), Magdalena Medio (Maceo), Oriente de Antioquia (Granada y San Carlos) y Bajo Cauca (Nechí, Caucasia y El Bagre).
Urabá, foco de disputa
La restricción y lentitud para adelantar el proceso de restitución no solo se ha visto limitada en zonas del departamento por la agudización del conflicto armado. En el Urabá antioqueño, en el que se trabaja en los procesos de restitución, han llevado al plano personal las disputas por grandes hectáreas y han provocado enfrentamientos entre campesinos, reclamantes y poseedores de tierras.
Este tema, además de delicado, ha generado un manto de duda sobre los verdaderos dueños de las grandes parcelas donde los que fungen como actuales dueños acusan a labriegos de invadir de manera irregular estos predios, y los otros, a su vez, reclaman la propiedad supuestamente negociada bajo presión, años atrás, cuando la violencia los obligó a vender o morir. En Urabá se han emitido 35 decisiones con fallos a favor de 75 predios sobre los que la Unidad de Restitución de Tierras comenzó a preparar el proceso de reclamación en 2013. En total, en esta subregión se han presentado ante los jueces reclamaciones sobre 13.000 hectáreas y hasta el momento se ha ordenado restituir 1.505 en los últimos dos años.
Gerardo Vega, coordinador de Forjando Futuros, organización que acompaña a los campesinos en la reclamación de tierras, señaló que la institucionalidad en Urabá no ha funcionado como debe, lo que deriva en el incumplimiento del proceso. “Urabá tiene todas las garantías con la presencia de la institucionalidad: Policía, Ejército y el Estado, pero por alguna razón no realizan su trabajo de buena manera. Es como si estuvieran siendo coartadas por ilegales o despojadores. Los ponen a disposición de ellos”.
Se ha comprobado por parte de la URT que personas han ralentizado el proceso bajo intereses particulares con el que se busca la justa entrega de tierras despojadas. “Hemos encontrado de todo: comerciantes y finqueros. Hay algunos empresarios. En el sur de Turbo encontramos a estos empresarios, personas que incluso han acumulado tierras y que ahora se autodenominan víctimas de la ley de víctimas. Estas personas que tiene que devolver los predios es porque no logran demostrar que han tenido buena fe y que compraron en escenarios de una violencia muy avasalladora, que hizo que la víctima saliera de sus predios”, acotó Paola Cadavid.
En este sentido, Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, señaló que en ese proceso de acompañamiento que se ha realizado, luego de superar las etapas administrativas y judiciales han podido realizar el proceso en todos los municipios de los cuales se han enviado registros. No obstante, reconoce que “el Urabá antioqueño y Bajo Cauca son regiones con bastante complejidad para realizar el trabajo de restitución”.
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