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Desde el pasado 25 de enero los enfrentamientos armados entre grupos ilegales no cesan en la zona rural de Corinto, Cauca.
Allí, los integrantes del Epl y las disidencias de las Farc tienen a la población civil en medio de las balas e incluso el pasado miércoles uno de esos grupos se resguardó en una escuela veredal y las autoridades hablan de una afectación a más de 500 personas que habitan en las veredas El Crucero, La Laguna y Quebradita.
“Esto estaba advertido, ya habíamos emitido una alerta temprana desde el año pasado sobre los municipios de Corinto y Caloto por la presencia de dos grupos armados ilegales que pretendían disputarse el territorio e infortunadamente no obtuvimos una respuesta adecuada de las instituciones ni de la Fuerza Pública”, aseguró Felipe Vernaza, defensor regional en el departamento de Cauca.
Lo que ocurre en esa región del país no es un caso aparte, varias de las últimas alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo no han tenido eco en las autoridades competentes y en algunas de las regiones donde se hizo la advertencia se dieron hechos violentos.
Uno de los ejemplos fue lo ocurrido en la vereda La Realidad, municipio de Mapiripán, Meta, el pasado 17 de diciembre, donde fueron asesinadas seis personas al interior de una finca. La alerta temprana 065 de la Defensoría del Pueblo, emitida en agosto del año pasado, había advertido al Gobierno sobre escenarios de riesgo en esa zona del país por dos asuntos que el mismo defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, en su momento explicó: “Por el acceso y clarificación de la propiedad y, segundo, por el cultivo de hoja de coca y la comercialización de la pasta de coca”.
Otro de los hechos con una alerta fue la que tuvo que ver con el atentado del Eln a la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá ocurrido el pasado 17 de enero y que dejó 22 personas muertas (21 cadetes y quien sería el autor material de los hechos), más cerca de 60 heridos.
Para diciembre 13, el ministerio público había indicado sobre la presencia y reubicación de estructuras armadas ilegales que tenían la intención de cometer un ataque posiblemente con explosivos. En esa alerta fueron mencionados varios grupos, entre ellos el frente de guerra urbano del la guerrilla del Eln.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo realiza su labor en dos vías: una que se denomina análisis, monitoreo y advertencia y otra que es la del seguimiento a la evolución del riesgo y a la respuesta del estado.
Para la generación de una, el ministerio público cuenta con equipos en el territorio nacional, que tienen amplio conocimiento de las comunidades, su dinámica y evolución.
“Nosotros tenemos una estructura para poder hacer una alerta temprana y consta de una localización geográfica detallada, cuáles son las poblaciones más afectadas, una descripción del riesgo, un contexto general, una descripción de las posibles vulneraciones a los derechos humanos que puedan ocurrir, una relación de las autoridades que están presentes y por último se dan unas recomendaciones a las instituciones oficiales”, explica el director del SAT Mauricio Redondo.
El funcionario del ministerio público añadió que para calcular el riesgo de una alerta temprana se mide la amenaza, más la vulnerabilidad de esa población, dividido entre la organización o estructura de la institucionalidad en la zona.
“Si encontramos que es una comunidad con muchas precariedades, tiene una amenaza y no hay presencia del Estado, nos encontramos con un nivel máximo de alerta”.
Una vez estructurada la alerta temprana, el defensor del pueblo la remite a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas en la que está el Ministerio del Interior, encargado de enviar el caso a todas las autoridades competentes.
Para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, la función de la Defensoría es vital para poder prevenir hechos violentos, por lo que la responsabilidad del Estado es aún mayor si no se le presta la atención necesaria.
“Las alertas tempranas son un mecanismo de amparo y prevención ante inminentes violaciones a los derechos, mediante las cuales se solicita la actuación y el concurso de las autoridades. Estas vinculan a las autoridades y su desatención implica responsabilidad. Su importancia deriva de la prevención”, aseguró el académico.