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Reanudan proceso contra Rito Alejo del Río por la masacre de Mapiripán
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FOTO COLPRENSA
El engavetado proceso judicial en contra del general (r) Rito Alejo del Río, por la masacre de Mapiripán, abre un nuevo capítulo debido a que se ordenó reanudar el proceso para determinar la responsabilidad en el hecho que dejó más de 40 víctimas.
En una decisión conocida por Colprensa, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia remitió la investigación a la Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
La Fiscalía cuarta basó su decisión en que “no basta con la simple avenencia o coexistencia entre la conducta atribuida y la condición de General de las Fuerzas Militares para la época de los hechos, sino que se precisa, se requiere que exista un vínculo directo e inmediato entre la conducta punible que se imputa y las funciones propias del cargo”.
Es decir que aunque el general del Río era un miembro activo de las Fuerzas Militares cuando ocurrieron los hechos, las conductas delictivas que se le atribuyen, en ningún momento hacen parte de las funciones propias de su cargo ni tienen relación con sus funciones legales y constitucionales.
Agrega que ”la Fiscalía delegada decide que para llevar a cabo la investigación por la masacre de Mapiripán, no se tendrá en cuenta el fuero constitucional del cual gozan los Generales de la República, motivo por el cual la investigación debe seguir en la unidad de Derechos Humanos, donde se adelanta la investigación contra los demás implicados en la masacre, y no en la Unidad para aforados constitucionales”.
En consecuencia, la competencia en una eventual etapa de juicio recaerá en los jueces individuales de primera instancia y no en la Corte Suprema de Justicia.
Y es que según la decisión se debe investigar la responsabilidad del general del Río, quien ya fue condenado a 25 años de prisión por homicidio. “Al ser un funcionario aforado, aprovechó su investidura para concretar, prestar apoyo y respaldo a los paramilitares en la consumación de múltiples delitos de tortura, homicidio, desaparición forzada, entre otros, lo que evidentemente es ajeno al fin de la función pública y los fines misionales del Estado Colombiano”, dice la decisión conocida por este medio.
Cabe recordar que el general en retiro era el comandante de la XVII Brigada en Urabá, lugar donde se planificó con varios meses de anticipación la masacre de Mapiripán, y desde el cual despegaron dos aeronaves a bordo de las cuales se transportaron, además de los paramilitares, suministros y armas hacia el aeropuerto de San José del Guaviare, controlado por el Batallón Joaquín París y miembros de la policía antinarcóticos, en julio de 1997.
Por estos hechos, el oficial es investigado por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y terrorismo.
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