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El primer informe entregado por la Fiscalía a la Justicia Especial para la Paz, JEP, dejó en evidencia que en sus investigaciones, los campesinos ha sido la población que más padeció el secuestro por la Farc cuando era un grupo armado.
En este documento el ente investigador reseñó que adelantó 6.162 investigaciones por este delito, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. En esa vía, la Fiscalía estableció 275 sentencias condenatorias proferidas contra 614 personas, incluyendo miembros del Estado Mayor Central (EMC) y del Secretariado.
En estos hechos fueron plagiados por el grupo guerrillero 2.026 campesinos; 1.497 propietarios grandes y medianos del sector rural; 1.126 comerciantes; y 688 integrantes de la Fuerza Pública.
“La retención ilegal y extorsiva de personas fue recurrente a través de los años, y siguió unos lineamientos explícitos de las Farc para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política. Fue un crimen que afectó a hombres y mujeres inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles”, indicó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
En el mismo informe quedó sentado que por esta actividad ilegal, las Farc lograron recaudar $3’625.608’297.250 (tres billones seiscientos veinticinco mil seiscientos ocho mil millones, doscientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos).
Asimismo, los departamentos más afectados por los plagios guerrilleros fueron Antioquia, con 2.522 casos; Meta, con 1013; y Bolívar con 439.
La Fiscalía informó que esta es una entrega parcial y que, a medida que sus investigadores vayan enviando más información, el ente investigador actualizará los datos y serán enviados a la JEP.
“La Fiscalía empezó a cumplir con el mandato de proveer de insumos a la JEP para que pueda desarrollar su función para cerrar las responsabilidades jurídicas de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado”, expresó Martínez. Adjunto al informe de secuestros, la Fiscalía entregó el relacionado con el exterminio de la Unión Patriótica.
Recibidos los oficios, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, explicó que los expedientes son muy importantes “para dar comienzo a una labor que en principio le corresponde a la Sala de Reconocimiento, de Verdad y de Responsabilidad, que es la puerta de entrada a la Jurisdicción”.
La magistrada destacó que estos informes, sumados a los de la Corte Suprema de Justicia y los de organizaciones, como las víctimas del Club El Nogal, CREDHOS, Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica, son el primer paso para saldar la deuda con las víctimas y su derecho a conocer la verdad.