Penas más duras por ataques con ácido y maltrato a los animales

Además de la pérdida de beneficios judiciales como la suspensión de la pena, los responsables de ataques con sustancias corrosivas pagarían hasta 50 años de cárcel.

La ley “Natalia Ponce”, bautizada así en honor a una de las víctimas de este tipo de ataques, fue promovida por el movimiento Mira y tuvo como coautor al representante Carlos Guevara. FOTO cortesía

Con la firma del presidente Juan Manuel Santos entró en vigencia en el país la denominada ley “Natalia Ponce” que contempla, entre otras medidas, un aumento sustancial a las penas de prisión para los autores de ataques con ácido o sustancias similares, quienes de ahora en adelante pagarán hasta 50 años de cárcel por ese delito.

La ley, que fue impulsada por el partido Mira y aprobada en noviembre, introdujo una reforma al Código Penal según la cual se tipificó como un delito autónomo aquella conducta que cause a otra persona daño valiéndose de cualquier agente químico, sustancias similares o corrosivas que causen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.

Además, la ley sancionada le ordena al Gobierno Nacional formular en un plazo de seis meses una política pública integral diseñada para las víctimas de este tipo de ataques, que garanticé el acceso de los afectados a atención médica y sicológica integral.

Asimismo, se dispuso que quienes incurran en este delito no gozarán de algunos beneficios judiciales como lo sería por ejemplo la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y es que según explicó en su momento el representante y coautor de la ley, Carlos Guevara, en el Código Penal actual este tipo de conductas se consideraban una lesión personal, es decir, “algo así como una simple riña o golpiza y los jueces actuaban en consecuencia, entonces imponían penas de máximo 12 años, lo cual era irrisorio”.

Otras leyes sancionadas

Pero la del aumento de penas a los ataques con ácido no fue la única ley sancionada por el presidente Santos. Como es usual, el mandatario aprovechó los primeros días de enero para darle el sí a otras iniciativas entre las que estaban las leyes contra el maltrato animal y la que declara como patrimonio nacional el Salsódromo de Cali.

La primera que busca promover el trato digno de los animales e imponer sanciones a quienes los maltraten, modificó el artículo 655 del Código Civil que habla sobre los bienes muebles para que de ahora en adelante se reconozcan los animales como seres y no como cosas.

En la nueva normatividad se establecen multas que van desde los cinco a los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incurran en actos dañinos y de crueldad en contra de los animales y se estableció una pena de 12 a 36 meses de inhabilidad especial de uno a tres años. Por otro lado, quien cause la muerte o lesione gravemente la salud o integridad física de los animales silvestres, domésticos y amansados tendrá una sanción que irá de 5 a 60 salarios mínimos.

Por último, según la nueva ley, la Policía Nacional y las autoridades policivas serán competentes para efectuar la aprehensión material de manera preventiva de animales, sin que medie previamente una orden administrativa o una decisión judicial proferida por un juez de la República, siempre que se tenga conocimiento o exista un indicio de conductas que puedan ser consideradas como maltrato animal.