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Los 100 billones de pesos que la Nación destina para los subsidios de la población vulnerable están quedando en manos de quienes no necesitan esta ayuda.
Así lo manifestó ayer el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, quien recalcó que “tengo que decirlo con franqueza: los 110 billones de los subsidios en Colombia no están siendo bien manejados”.
Según Maya, un porcentaje muy alto de subsidios está siendo asignado a población que no lo necesita, “que es lo más grave”.
Por ello, llamó la atención sobre la urgencia de realizar una reforma al Sistema General de Participación, que regula estos recursos, pues para el contralor, la asignación de recursos dista mucho de cumplir con el mandato de la ley en lo que respecta al cierre de la brecha de salud y educación en todas las regiones.
“Ni hablar del caso particular de las pensiones, en el que el grupo de ingresos más altos de la población recibe el 51 % de la totalidad de estos subsidios”, agregó el jefe del ente de control fiscal.
Por lo compleja que parece la situación, Maya se mostró a favor de adoptar un método de seguimiento y verificación sobre la calidad del gasto.
Esto, porque le preocupa la actual coyuntura económica del país, en que los ingresos están bajando y el país está comprometido en cuantiosos gastos pactados en la firma del acuerdo de paz.
Según estudios de Fedesarrollo son 207 billones de pesos los que se tendrán que destinar para ello, aunque según el Gobierno Nacional, son más de 130 billones.
La falla en la asignación de los subsidios, recalcó el contralor, impiden que se avance en la lucha contra la desigualdad, que quedó evidenciado en el último estudio que hizo la Contraloría sobre el Sistema General de Participación.
Frente a la propuesta de Maya de reformar este sistema, que fue aceptada en su momento por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, reveló que el Gobierno sí está avanzando en analizar y definir algunos cambios.
“Lo que requerimos son herramientas para combatir las conductas que imperan bajo el patrocinio de nuestra clase política, que gusta sobre todo patrocinarse en sus actividades con el dinero de todos los colombianos”, concluyó.