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Antioquia requiere nuevo enfoque en educación: López

Para el candidato a la Gobernación por el Polo Democrático, el Departamento debería acordar con el sector financiero una revisión del pago de su deuda.

  • La población debe recuperar la confianza en la institucionalidad, dice López. FOTO Juan Antonio Sánchez
    La población debe recuperar la confianza en la institucionalidad, dice López. FOTO Juan Antonio Sánchez
01 de octubre de 2015
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Aunque Olmedo López, candidato por el Polo Democrático a la Gobernación de Antioquia asegura que los organismos de seguridad del Estado tendrán todo su apoyo en caso de ser elegido como el primer mandatario de los antioqueños, también reconoce que estos deberán llegar a los territorios comprometidos con el respeto por los derechos humanos de las comunidades.

López, en entrevista con EL COLOMBIANO explica cuáles son sus principales propuestas y la viabilidad de las mismas para el departamento.

Usted ha sostenido que la concepción de seguridad varía dependiendo del espectro ideológico, ¿qué quiere decir con eso?

“Es una realidad que el control de las armas es un monopolio del Estado y que hay que ofrecer a las fuerzas de seguridad todo el apoyo y el incentivo para que recobremos la confianza en la institucionalidad. Pero el otro fenómeno es que la seguridad en territorios como Bajo Cauca, Nordeste y Urabá, tiene que ver con la desigualdad. Entonces, al llevar equidad a esas zonas generaremos de por sí seguridad, pero no una seguridad aparente, pactada con bandas criminales sino con la presencia real del Estado”.

Pero, ¿cómo lograr esa presencia efectiva del Estado de la que usted habla?

“Mire, hay muchas comunidades en Antioquia para las cuales el Estado son los actores armados, por eso mi propuesta consiste en que llegue el Estado, pero no solo con sus fuerzas coercitivas, sino con inversión social, con educación y con empleo para todos. Además tiene que haber un cambio en la concepción que se tiene de la minería porque en los últimos años la han asociado a la inseguridad, pero no se puede meter en un mismo saco a los ilegales con los mineros tradicionales, los ancestrales y los barequeros, situación que es muy injusta”.

Eso está bien para mejorar la seguridad en el largo plazo, pero ¿cómo enfrentar esas amenazas a la población en el corto plazo?

“Es necesario que las comunidades recuperen la confianza en la institucionalidad, y también fortalecer la presencia de los organismos de seguridad en los territorios, pero preparados y formados en el respeto de los derechos humanos y para que aporten al desarrollo social y generen tranquilidad en ellos. Además es fundamental atacar la corrupción, pues en algunos territorios la clase política ha estado articulada con actores ilegales que les han permitido llegar y mantenerse en el poder y han generado una descomposición de la democracia”.

Una de sus prioridades será la educación, ¿qué balance hace de lo que se ha hecho en el departamento en esa materia qué cambiaría?

“Necesitamos una educación que prepare a nuestros jóvenes para que le aporten al territorio y no para que terminen su bachillerato y salgan a buscar la universidad en la ciudad y nunca más retornen a sus pueblos. La Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid deben tener presencia en todos los municipios del departamento, pero formando para el desarrollo agrario. A mi modo de ver, la educación debe incluir al ser humano como su eje central. Hoy tenemos 3.381 maestros que son o bachilleres o normalistas y solamente el 5,2 por ciento de ellos están vinculados y si no les ofrecemos calidad de vida a él y a su familia y no les damos condiciones para que se preparen y sean cada vez mejores profesionales, nuestros niños y jóvenes no van a tener una educación de calidad”.

¿Cuánto le costaría al Departamento profesionalizar esos maestros?

“Yo no mido el costo, yo mido los resultados, y el resultado aquí sería educación con calidad que es diferente a la que podemos ofrecer con las condiciones actuales de nuestra infraestructura educativa. No puede ser que en ‘Antioquia la más educada’ tengamos niños recibiendo clases en un calabozo, como ocurre en Cuturú, el corregimiento más grande que tiene Caucasia”.

En la actualidad el 51 por ciento del presupuesto de la administración es destinado a la educación. ¿Mantendría esa asignación?

“Yo lo mantendría, pero con otro enfoque, con el enfoque de que la prioridad debe ser el ser humano y no el cemento. Yo me concentraría en que los parques educativos, algunos de los cuales fueron inaugurados sin ser terminados, funcionen y sean sostenibles, porque muchos municipios no están en capacidad de mantenerlos. Yo hubiera preferido que con ese dinero se le diera una biblioteca a cada junta de acción comunal en cada vereda o en cada corregimiento en lugar de poner a esas personas a trasladarse a la cabecera municipal para ir al parque educativo”.

Destinar un billón de pesos, como usted lo propone, a la recuperación de la infraestructura educativa del departamento requeriría una alianza con el sector privado...

“A nosotros en ningún momento se nos pasa por la mente que la salud y la educación estén en manos de privados o tengan su intermediación. La educación hasta la universidad deber ser pública, gratuita y pertinente. Usted me pregunta de dónde saldrían esos recursos... mire, si atacamos la corrupción, si logramos que los recursos no se pierdan, si administramos bien nuestro presupuesto y le damos prioridad a la educación se puede sacar adelante ese proyecto. Arreglando lo que ya hay en lugar de construir unas moles de cemento, y poniéndole voluntad política podemos sacar adelante ese proyecto. ¿Cómo sí se pudo sacar adelante el túnel del Toyo que costó 1,9 billones de pesos? Esto nos costará la mitad de esa cifra”.

¿Cómo es eso de que quiere renegociar la deuda del Departamento?

“Tengo pensado cambiar la ecuación del pago de la deuda del Departamento, no puede ser que el 10,44 por ciento del presupuesto se vaya a pago de deuda y solamente para temas prioritarios como el medio ambiente; la agricultura y desarrollo rural; la productividad, la inclusión social; la mujer y la equidad de género; la infancia; juventud y adolescencia, y la gerencia indígena y afrodescendiente, solo se tenga asignado el 1,62 por ciento del presupuesto de la Gobernación. Lo que queremos es invitar al sector financiero a que nos ayuden a construir la paz y renegociemos la deuda que tenemos, que equivale a 31 puntos de cada 100 que debemos. Si el sector financiero quiere apostarle a la paz de Antioquia debe reconocer que hay que revisar la deuda”.

Usted también ha sostenido que hay que darles más autonomía y devolverles la “mayoría de edad” a los municipios. ¿Cómo lo haría?

“Los municipios perdieron su autonomía, los planes que se construyen desde la centralidad obligan a los alcaldes a tener una cancha sintética cuando muchas veces su prioridad no es esa, solamente porque así quedó estipulado en el plan de desarrollo. Los alcaldes tienen que recoger de sus comunidades sus prioridades y necesidades, y no podemos imponer que la prioridad de un alcalde sea reformar el parque principal porque desde el nivel departamental se decidió que así debía ser. Si las prioridades de los municipios son el agua potable, el saneamiento básico y la construcción de vivienda, se les tiene que apoyar en eso. No podemos permitir que el centralismo siga decidiendo por los territorios”.

De ser elegido, usted afirma que pavimentará cerca de 1.000 kilómetros de vías terciarias. ¿Tiene claro el valor de esas obras?

“Mire, se trata de vías terciarias, no son autopistas, no son las vías que nos cuestan 2.000 o 3.000 millones de pesos, la recuperación de esas vías la haríamos con los campesinos. Tenemos que replicar el caso de Risaralda, un departamento que recuperó toda su vía terciaria con convites, donde los funcionarios de manera voluntaria hacen presencia los fines de semana con los campesinos. Es una experiencia que se debe revisar”.

También ha sido crítico de la importación de alcohol por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia...

“Sí. Hoy la FLA importa 13.500 litros de alcohol que equivalen a 2.300 hectáreas de tierra cultivada en caña que nos generaría 750 empleos directos, y podríamos usar el metano. Hoy los importamos de Ecuador, Guatemala y Bolivia, por lo que necesitamos voluntad para que la FLA atienda su necesidad directamente en el departamento. Tenemos un excelente producto, con un gran mercado y no es lógico que la materia prima sea importada, cuando aquí tenemos excelentes tierras para suplir esa demanda. Si cultiváramos esa caña aquí, todo eso generaría movimiento en la economía y eso a su vez generará ingresos y los ingresos nos servirían para inversión”.

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