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El funcionario que tiene por misión disciplinar a los servidores públicos tomó posesión como procurador general en momentos en que el país se estremece por un nuevo escándalo de corrupción pública: Odebrecht.
Por esto no fue gratuito que la lucha contra la corrupción y la solicitud de que no haya impunidad en estos casos fueran el eje central de los discursos tanto de Fernando Carrillo como del presidente Juan Manuel Santos.
Ayer, el segundo capturado en este proceso, el exsenador Otto Bula, se declaró inocente ante la acusación de haber sido un presunto intermediario en de la firma brasileña para obtener el contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.
De otro lado, el senador David Name (La U), que fue mencionado en versiones de prensa como otro de los posibles implicados en este cartel, rechazó la versión y dijo que sus cuentas están a disposición de las autoridades.
Carrillo anunció que fortalecerá la Dirección de Investigaciones Especiales para establecer un cuerpo que se dedique a la indagación y sanción de los corruptos, y que asumirá de inmediato la investigación en el caso Odebrecht.
Agregó que la corrupción y no la guerra es el principal enemigo de Colombia e instó a trabajar por “la moralización de la ética y la política. Se requieren menos leyes y más acciones contra los corruptos (...) La lucha anticorrupción debe ser una política de Estado, no una bandera electoral”.
Por su parte el presidente Juan Manuel Santos le pidió al fiscal Néstor Humberto Martínez, que por la transparencia que ha caracterizado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se aclare pronto si alguno de sus funcionarios estuvo involucrado en la recepción de coimas. Agregó que ningún alto funcionario de su Gobierno ha sido investigado por corrupción.
“Le he dado la instrucción al doctor Andrade, director de la ANI, para que entregue todas las actas de las reuniones relacionadas con el contrato cuestionado; la lista completa de quienes participaron en la definición del modelo financiero y contractual del proyecto; todos los correos electrónicos de la entidad, y el registro completo de las llamadas recibidas o enviadas desde cualquier teléfono de la ANI”.
El primero es José Manuel Maza, fiscal general de ese país, y el segundo Pedro Flórez, presidente de la Fundación en Políticas Públicas de España. Ambos serán aliados en la consecución de fondos de cooperación para los programas bandera anticorrupción que anunció Carrillo.
Creará el Sistema Nacional de Prevención del Riesgo, la Red Nacional por la Ética Pública, y el Plan Nacional de Cultura Política. Anunció que se reunirá con los líderes del sector privado para promover la integridad como valor empresarial.
De igual manera, le pedirá a las facultades de Derecho de las universidades acreditadas que le envíen las hojas de vida de sus mejores egresados, según las pruebas de Estado, para que puedan tener la oportunidad de participar en los cargos de la Procuraduría.
Como docente de Derecho Constitucional Carrillo fue hace 25 años uno de los impulsores de la Séptima Papeleta, movimiento universitario que sirvió de antesala al origen de la actual Carta Política.
De entrada y antes las voces que hablan de una nueva Constituyente, Carrillo manifestó su rechazo a posibles “aventuras constitucionales, porque la paz es el corazón de la Constitución de 1991”.
En respuesta a las críticas que recibió su antecesor, el exprocurador Alejandro Ordóñez, afirmó que el único credo de los funcionarios públicos será la Constitución. Añadió que liderará una Procuraduría para la gente y de la paz, en especial para los más vulnerables de la sociedad. Para esto se crearán las procuradurías delegadas de paz y convivencia y la procuraduría delegada especial de salud.
Santos le pidió a Carrillo asistir a la Comisión Nacional de Moralización, donde se reúnen las cabezas de los poderes públicos para trabajar contra la corrupción. “Su antecesor no le dio la importancia que tenía a esta instancia, y nunca asistía. Infortunadamente, tenía intereses diferentes a los de ser un buen procurador”.
Ordóñez respondió que la Procuraduría “jamás estuvo ausente de las reuniones convocadas por la Comisión de Moralización”. Agregó que mientras Santos negociaba el país en La Habana, él cumplió su obligación de sancionar políticos por corrupción y violación de la ley.
Ordóñez recordó que entre 2009 y 2016 sancionó 21 ediles, 1.062 concejales, 1.601 alcaldes, 38 diputados, 66 gobernadores y 24 congresistas.