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En momentos en que los altos funcionarios del Estado, los organismos de control, los líderes políticos y la sociedad en general piden endurecer las sanciones contra quienes desfalcan las arcas públicas, el procurador general, Fernando Carrillo denunció que el nuevo Código General Disciplinario las reduce.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Carrillo manifestó que le preocupa que un artículo redujo para culpa gravísima, en el caso de faltas gravísimas, la sanción a la mitad. Es decir, la destitución e inhabilidad general entre diez y veinte años, se ajustó a una inhabilidad entre cinco y diez años.
“A buena cantidad de personas habrá que reducirle la pena a la mitad. La Corte Constitucional lo está estudiando, y en cualquier momento podría pasar a sanción presidencial”.
Ante esta alarma el exprocurador general, Alejandro Ordóñez, quien estuvo liderando el proyecto de ley, manifestó que el beneficio únicamente es para los sancionados por faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima y en ningún momento para aquellos que fueron sancionados por faltas gravísimas cometidas con dolo.
Agregó que la iniciativa fue un “juicioso estudio” por parte de varios expertos en derecho disciplinario, tanto de la academia como de algunas entidades públicas, como el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, entre otras.
“El Gobierno Nacional, a través del entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, acompañó el proyecto de ley en el Congreso y luego en su estudio de constitucionalidad y conveniencia, hizo algunas objeciones de algunos artículos, pero nunca sobre el aspecto de las sanciones con lo cual podemos inferir que el Gobierno estuvo de acuerdo”.
Ante este supuesto aval que el Ejecutivo le dio al estudio y al trámite de esta ley y que fue esgrimido por Ordóñez, el procurador Carrillo se limitó a decir que “eso puede ser verdad”.
Ante las voces que señalan que esta decisión la lideró Ordóñez para favorecer al exministro uribista Fernando Londoño, el exprocurador afirmó que Londoño fue sancionado por la Procuraduría General en dos ocasiones, pero por faltas disciplinarias gravísimas a título de dolo, por lo que no se puede beneficiar. Agregó que nadie puede aspirar a ser presidente si tiene alguna sanción disciplinaria, indiferente si fue con dolo o con culpa.
Para reversar esta medida tendría que ser presentado al Congreso un nuevo proyecto de ley.