Corte pone fin a la novela jurídica por investidura de Marta Lucía Ramírez

  • La Sala Plena de la Corte Constitucional puso fin a un largo litigio que existía en relación con la investidura de la exsenadora Marta Lucía Ramírez. FOTO COLPRENSA
    La Sala Plena de la Corte Constitucional puso fin a un largo litigio que existía en relación con la investidura de la exsenadora Marta Lucía Ramírez. FOTO COLPRENSA
Colprensa | Publicado el 11 de mayo de 2015

La Sala Plena de la Corte Constitucional puso fin a un largo litigio que existía en relación con la investidura de la exsenadora Marta Lucía Ramírez y ratificó que no hubo ninguna irregularidad en la decisión del Consejo de Estado de no decretar la muerte política de la dirigente conservadora.

La Corte negó una tutela que presentó en 2011 el abogado Saúl Villar, que buscaba tumbar el fallo que profirió la Sala Plena del Consejo de Estado en el que salvó la investidura a Ramírez, el 19 de enero de 2010.

De acuerdo con Villar, Ramírez supuestamente había violado el régimen de inhabilidades al contratar con Bancoldex seis meses antes de las elecciones de 2006, en las que fue elegida congresista.

Villar estimaba que la Sala Plena del Consejo de Estado había incurrido en una supuesta violación del derecho a la igualdad, pues en otro caso similar a este sí había decretado la perdida de investidura. Además, alegaba una contradicción, porque esa Corporación no le quitó la investidura a Ramírez, pero, por los mismos hechos, sí declaró la nulidad de su elección.

No obstante, la Corte indicó que las acciones de nulidad electoral y de pérdida de investidura persiguen propósitos diferentes y son independientes, pese a que en un caso concreto puedan ser promovidas contra un mismo ciudadano y a partir de unos mismos hechos, e incluso que su conocimiento esté asignado a una misma corporación judicial, como en el caso de Ramírez.

La Corte indicó que en este caso la Sala Plena del Consejo de Estado no infringió el derecho a la igualdad en la aplicación de sus precedentes y que tampoco incurrió en defecto alguno al no decretar la pérdida de investidura y sí haberse declarado la nulidad de la elección.

“(...) Pues en el caso concreto no se configuró la causal aducida, entre otras razones porque la celebración del contrato que habría generado la inhabilidad para ser elegida invocada por el actor, ocurrió por fuera del período previsto en la norma constitucional”, precisó la Corte.

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