viernes
7 y 9
7 y 9
Los muertos ya no votan sino en el libro ‘Mi hermano el alcalde’, de Fernando Vallejo, pero una cifra no determinada de personas que hace una o dos décadas inscribieron su cédula en un lugar diferente a su residencia, sí continúan tranquilas, recibiendo su pago en cada elección, sin que puedan ser rastreadas por ningún organismo de control.
En las últimas elecciones regionales de octubre del año pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el control más exhaustivo de la historia: de las 3.802.104 personas que cambiaron de lugar de votación, excluyó 1.334.866 cédulas del censo electoral, de personas que no lograron demostrar que su residencia coincidía con el nuevo lugar para sufragar.
En Antioquia, por ejemplo, uno de los casos más sonados fue el de Sabaneta, donde la autoridad electoral anuló la inscripción del 71 por ciento de las nuevas cédulas.
De igual manera, se detectaron buses de Medellín movilizando gente hacia el Chocó, y de Bogotá hacia Girardot. Incluso, en Villeta (Cundinamarca), algunos vehículos fueron devueltos por pobladores, que amenazaron con arrojar piedras. La mayoría de estas personas tienen inscritas sus cédulas en estos sitios desde hace varios años.
Estas fallas del sistema electoral y la urgencia de una reforma política, motivaron un debate citado por el senador Armando Benedetti (Partido de la U) la semana pasada, en el que participaron todos los partidos, además de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En medio del cruce de denuncias y reclamos, sorprendió que el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, anunció en la plenaria que están estudiando una propuesta para abrir por un periodo determinado las inscripciones de cédulas para que todos los ciudadanos tengan que realizar este proceso, para poder votar en las elecciones venideras.
Galindo agregó que con un censo permanente de cero se solucionaría el problema de la trashumancia de votos y agregó que el proyecto implicaría algunos costos, pero que ayudaría a aliviar otro tipo de problemas electorales.
Por su parte, el magistrado Felipe García Echeverri, del CNE, quien el año pasado hizo una propuesta similar que fue adoptada en un proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara (ver nota anexa), sostuvo que el censo de cero eliminaría para siempre la trashumancia histórica.
“Propuse que se introdujera en ese proyecto de ley el delito de la trashumancia individual, porque solo está tipificado para quien moviliza a las personas, es decir, el determinador. A los movilizados solo los pueden procesar por falso testimonio, porque bajo gravedad de juramento mintieron sobre su lugar de residencia”, agregó García.
Aunque el censo vigente es acumulativo, pues 10 meses antes de cada elección hay nuevas inscripciones, no se revisa, según García, desde 1989, cuando se hizo un censo de cero después de las primeras elecciones populares para alcaldes y previo a las elecciones legislativas de 1990.
Según el magistrado García la trashumancia trae efectos nocivos para la democracia, y un nuevo censo, si bien perdería unos 13 millones de personas, que por la general son las que se abstienen de votar, sería un golpe bajo para las clientelas electorales.
Sobre el argumento de que este censo sacaría de una vez a los fallecidos, para que “no vuelvan a votar”, García recordó que ya esto no sucede porque cuando se reportan, el sistema los da de baja, y tampoco permite que los inscriban de nuevo.
“Hemos detectado grupos de personas de universidades, hospitales, que son capturados por grupos políticos. No les pagan por inscripción, pero sí para el día de las elecciones. Incluso, hospedan la gente en hoteles, con alimentación incluida. Todo un paseo”, concluyó el magistrado.
Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), precisó que el único mecanismo para tener un censo electoral depurado es haciéndolo con biometría y con control de voto electrónico.
“El número único de identificación personal debería estar no solo relacionado con el derecho a votar, sino también con los derechos de acceso a los servicios del Estado como salud, subsidios y educación. Esto implicaría que si una persona cambia de lugar de votación, todos estos servicios también se le trasladarían”, explicó Barrios.
La MOE también consideró que un censo cero, suelto, sería como tomarse una pastilla, cuando hay una migraña fuerte, en lugar de ir mejor a un hospital. Esto porque solo se haría una limpieza para las elecciones nacionales, pero para las locales vuelve y se repite la trashumancia, porque siempre resulta quien pague y quien esté dispuesto a votar en otro lado.
Sobre la demora de la Registraduría en implementar el voto electrónico, Barrios afirmó que parece que hay desconfianza por dejar el papel, porque todo el proceso electoral está tercerizado.
“Los ciudadanos ya están más familiarizados con todo lo digital. El voto electrónico evitaría problemas en los escrutinios y haría el sistema menos frágil para aquellos que consideran que es más fácil la compra de testigos”, agregó Barrios.
Diferente piensa Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia. Para ella el censo de cero es una propuesta sana que sí ayuda y en las actuales circunstancias, en las que se contempla la posibilidad del ingreso de nuevos actores políticos, es mucho más importante hacerlo.
“Esta medida debe estar acompañada de otras, como el voto electrónico, al que el Registrador se ha opuesto y debería explicar por qué. Hay un buen ambiente para la reforma política, veo a varios partidos trabajando en el asunto”, agregó Ungar.