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¿Debe medirse la Corte cuando impacta el bolsillo del Estado?
Algunos fallos modifican políticas privadas y públicas, y ponen al Gobierno a sacar calculadora.
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El presidente Juan M. Santos expuso su preocupación por el costo de los fallos a los dos últimos magistrados de la Corte Constitucional, Cristina Pardo y Carlos Bernal (derecha). FOTO Colprensa
23 de mayo de 2017
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Recién fueron elegidos los dos nuevos magistrados para integrar la Corte Constitucional, Cristina Pardo y Carlos Bernal, el presidente Juan Manuel Santos conversó con ellos sobre el segundo gran tema que le preocupa al Gobierno -aparte, por supuesto, del Acuerdo de Paz-: los millonarios efectos económicos que están generando algunas sentencias de la Corte.
Se trata, por ejemplo, de fallos que obligan a realizar consultas populares, actos que implicarían la inversión de varios millones de pesos por parte del Gobierno, un caso puntual es la decisión de reanudar la consulta taurina en Bogotá (8 de marzo de 2017) costará cerca de 34.500 millones de pesos.
La sentencia que obliga a reconocer las prestaciones sociales a madres comunitarias del Icbf implica un gasto de unos 6,1 billones de pesos al año, según estimativos del mismo Gobierno.
Asimismo, hay otros apartados cuyas cifras serían astronómicas, pero aún no tienen cálculo: el fallo que abre la puerta a cada municipio para decidir, vía consulta popular, la actividad minera en su territorío, traería pérdidas cuantiosas para el sector.
Por otra parte, la orden de revisar por medio de un juez los ingresos de la Policía a las viviendas sin una orden, como lo permite el nuevo Código de la entidad, traería nuevos gastos aún sin calcular.
Aunque se trata de fallos con un profundo impacto social, existe una preocupación del presidente y su gabinete.
¿Debe la Corte Constitucional, cuya principal misión es velar por el cumplimiento de la carta magna, analizar temas distintos a ello?
Para María Cristina Gómez, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional y docente de derecho constitucional, “en la Corte siempre ha habido esa discusión, pero no creo que haya responsabilidad. Todo esto es un debate de poderes”, manifestó.
A su juicio, que la Corte tome decisiones que cambien lo establecido y generen costos extras al Gobierno solo muestra que “existe un mal proceso legislativo y un mal juicio administrativo”.
En otras palabras, Gómez aseguró que ni el Congreso ni el Gobierno han sido juiciosos para ajustar sus proyectos al marco de la Constitución.
Sin embargo, para Grenfieth Sierra Cadena, constitucionalista de la Universidad del Rosario, si bien la ley da un margen de maniobra más amplio a esta Corte, todos los jueces del país tienen el mandato de analizar los casos a la luz de la capacidad financiera del Estado.
“Su naturaleza es garantizar derechos, tanto individuales como colectivos. Por eso, en decisiones que son polémicas, como el tema de la consulta minera, la Corte privilegió el aspecto democrático por encima del económico”, argumentó.
Por ello, a pesar de que pueda ser un dolor de cabeza para las cuentas, anticipó que el deber de esta Corte siempre privilegiará este tipo de decisiones.
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