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El Mapa de Riesgo Electoral- Elecciones Congreso y Presidente 2018, publicado por la Misión de Observación Electoral (MOE), dejó un sabor agridulce. Mientras que los municipios con riesgo electoral por fraude y factores de violencia pasaron de 260 en 2014 a 170 este año, los pueblos con riesgo extremo pasaron de 50 a 64.
De estas 170 entidades territoriales 64 están en riesgo extremo, 65 en alto y 41 en medio (Ver mapa). No obstante, la MOE le solicitó a las autoridades una vigilancia especial en 20 municipios. De estos Antioquia tiene cinco: Briceño, Cáceres, Remedios, San Andrés de Cuerquia y Tarazá.
En lo que tiene que ver con los indicativos de fraude, se presentaron disminuciones tanto en Cámara como en Senado. En las elecciones de 2014 había 410 municipios en riesgo para Senado y 386 en Cámara; para 2018 hay riesgo en 379 municipios para Senado y 355 en Cámara.
Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, si bien se percibe una leve disminución, los niveles de municipios con niveles extremos de riesgo aumentaron, “lo que implica que las autoridades deben mantener acciones preventivas sobre posibles delitos e irregularidades electorales”.
El Acuerdo entre el Gobierno y las Farc eliminó el riesgo electoral por factores de violencia en 79 municipios, pero no los eliminó del todo.
Para las elecciones de autoridades nacionales de 2014 se alertaron 389 municipios con riesgo y en 2015, 438. Para las elecciones de Congreso y Presidente de este año, la MOE alertó riesgos de violencia en 310 municipios, de los cuales 130 en riesgo medio, 122 en alto y 58 extremo.
Miguel Silva, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la U. Pontificia Bolivariana, afirmó que, a pesar de la disminución del riesgo en cuanto a causas violentas, producto del Acuerdo, en el país existe una debilidad estructural histórica en algunos territorios en época de elecciones.
“Llama la atención que algunos municipios donde tenía presencia las Farc, siguen en riesgo, y pues esto permite reafirmar que no son el único problema del país en orden público y que falta mucho control territorial, urbano y rural, por parte del Estado.
Para Jaime Duarte, docente del área de Gobierno y Política de la U. Externado, el mapa no varía mucho, pero ha cambiado en algunos municipios, lo que demuestra que han superado los riesgos asociados al conflicto armado o a los gobiernos locales o regionales.
“Lo que sí es llamativo es la persistencia de alto riesgo en la Amazonia, buena parte de la Orinoquia, la región del Pacífico y la Costa. Casualmente es en estos territorios es más ausente el Estado”.
Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Política Electoral de la MOE, le dijo a EL COLOMBIANO que no es la primera vez que una ciudad grande aparece en ese estado, y recordó que Medellín registró igual en 2015.
“La autoridad electoral no tiene la capacidad de tener sentencias sobre todos los casos de fraude, y por eso nos aproximamos observando los resultados del pasado. Miramos municipios con comportamientos electorales extraños y cuyos resultados propician las alertas”.
Vargas agregó que la votación para Senado en Bogotá, en 2014, se disparó y crecieron los votos nulos y no marcados, lo que es sospechoso. A la vez hizo un llamado para poner el “microscopio” a las grandes urbes, pero aclaró que esto no significa que no haya garantías en Bogotá para hacer las elecciones, aunque hay casos de amenazas a líderes.
Nicolás Liendo, vicedecano de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, destacó que el número de municipios en riesgo haya bajado, pero le sorprendió que Bogotá esté riesgo extremo.
“Los controles del Estado no parecen ser efectivos en la prevención y la sanción de los delitos electorales. Tampoco hay compromisos de los actores a jugar de acuerdo con las reglas de juego. Si la gran mayoría de los actores buscan torcer las normas para ganar una pequeña ventaja, no hay norma que venga bien ni controles o sanciones que lo soporten”. Liendo agregó que esto evidencia la necesidad, tal como lo ha manifestado la MOE en muchas ocasiones, de una reforma política profunda e integral, “no los parches de las últimas tres veces”.
Algunos municipios aparecen siempre en el mapa de riesgo, lo que da cuenta del poco control que tiene las autoridades en esas zonas. Y pese a su divulgación, en muchos casos se queda en alerta, porque no hay acciones efectivas que impidan el fraude y las denuncias se quedan engabetadas en el Consejo Nacional Electoral.
No obstante, Duarte manifestó que esta herramienta es importante para la sociedad civil, las veedurías ciudadanas y las autoridades, para que puedan tomar medidas y prevenir el riesgo de fraude, asociados a varios factores.
“Envían una misión de observación, que no tienen mayor impacto, o los delegados del presidente o del registrador. Si no hay desde ya unas medidas que hagan que la variable que más pesa sea prevenida, se queda en un informe”.
Para Silva el mapa sirve y es útil para que el Estado concentre más su atención en esos lugares y para que los medios de comunicación y la sociedad se fijen en esas zonas vulnerables y hagan mayor seguimiento y veeduría al ejercicio de la democracia.