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Entre 36 y 885 millones de pesos pagarán en adelante, de multa, los responsables por perturbaciones a las elecciones, constreñimiento o fraude al votante. Además, cada uno de estos delitos será castigado con penas privativas de libertad que oscilan entre cuatro y doce años de cárcel.
Así quedó establecido en la ley 1864 del 17 de agosto de 2917, que modifica la ley 599 de 2000. Estas penas aumentarán, de la mitad al doble, cuando la conducta sea realizada por un servidor público.
Las multas se endurecerán cuando se celebre un contrato, se condicione, se pague o entregue dinero, dádiva o beneficio particular con propósito de orientar el voto.
Y quienes resulten elegidos para un cargo de elección popular estando inhabilitados, además de la cárcel, deberá pagar entre 200 y 800 salarios mínimos mensuales. Por tráfico de votos y no informar aportes a campañas se deberá pagar entre 400 y 1.200 salarios mínimos mensuales.
A parte de la cárcel, cuando los topes de financiación de campañas sean violados, tanto el candidato como el gerente deberán pagar el mismo valor que excedió y quedarán inhabilitados entre cuatro y ocho años para el ejercicio público.
Por último, se ordena la creación de una Política Criminal Electora, que deberá considerar mecanismos educativos, pedagógicos y de prevención con el fin de generar conciencia frente al voto.
Juan Carlos Rodríguez, codirector del Observatorio de la Democracia de la U. de los Andes, no cree que la inflación de penas funcione mucho. “La investigación eficaz y pronta y la aplicación efectiva de penas existentes debería ser el camino, en general”.
Para Patricia Muñoz Yi, docente de Ciencia Política de la U. Javeriana, esta ley pretende mostrar “dientes” para atacar la corrupción. Agregó que no se trata de crear más sanciones sino de hacer efectivas las existentes y crear mecanismos de investigación fuertes. “Hay que buscar la responsabilidad de las colectivas políticas y producir un cambio de cultura ciudadana”.
Jaime Alberto Carrión, docente de Ciencia Política de la U. Nacional, resaltó la intención de poner fin a los mercaderes de votos, pero no ve como sea posible demostrar ante un juez de la República. “La conducta penal debería ser atribuida a cualquier persona que pertenezca a una campaña y conduzca a fuentes ilegales, no solo al gerente”.
El representante Horacio Gallón (PC), dijo que es una ley muy dura, pero que el Congreso se ha caracterizado por legislar para que los delitos electorales sean castigados, porque afectan la democracia. “Es importante que se haya establecido la capacitación”.
Para el representante Juan Felipe Lemos (La U) es necesario reglar el ejercicio político lo para limitar la competencia desmedida en recursos. “Esta ley permite que se abra la discusión sobre financiación total de las campañas por parte del Estado, así como la necesidad de volver al mecanismo de listas cerradas”.