La cárcel, el antídoto de la corrupción electoral

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Por óscar andrés sánchez á. | Publicado el 14 de febrero de 2018
Infografía
La cárcel, el antídoto de la corrupción electoral
en definitiva

En este año electoral será estrenada la ley que castiga con pena privativa de la libertad los delitos electorales que antes solo se quedaban en procesos y sanciones administrativas.

El país quedó de una sola pieza cuando las denuncias por los aportes de Odebrecht a las campañas presidenciales, que pasaron a segunda vuelta en 2014, fueron trasladas por la Fiscalía al Consejo Nacional Electoral (CNE), un órgano politizado y limitado para sancionar.

La razón fue una sola: el capítulo por posible violación de topes no estaba tipificado como delito, y se circunscribía al derecho electoral, como una falta que podría ser sancionada con destitución, inhabilidad, multa o pérdida de la personería jurídica para los partidos o movimientos políticos.

Pero ya esto es historia. En este año electoral será estrenada la Ley 1864, aprobada en agosto de 2017, que estableció penas privativas de libertad, que oscilan entre cuatro y doce años de cárcel, para los responsables por perturbaciones a las elecciones, constreñimiento o fraude al votante (ver tipificación en infografía).

Algunos congresistas la llaman la ley fantasma, porque dicen que no se dieron cuanta cuando la aprobaron, o qué era lo que realmente estaban votando, en parte, porque la agenda y el debate estaban centrados en la implementación del Acuerdo. Se pusieron la soga al cuello.

Aparte de esto, la nueva norma, que modificó la Ley 599 de 2000 (Código Penal), dispuso sanciones económicas que van desde 36 millones hasta 885 millones de pesos. El presidente Juan Manuel Santos la sancionó en octubre pasado, de manera que su aplicación está en marcha.

El papel de la ciudadanía

El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, le dijo a EL COLOMBIANO que para que esta ley sea efectiva es fundamental la denuncia ciudadana de delitos como la compra y venta de votos o el ingreso de dineros ilícitos o fraudulentos a las campañas.

“Ya no son solo faltas administrativas, sino delitos que se pagan con cárcel. Hasta el momento hemos recibido 115 denuncias a través de la plataforma Uriel” (Ver recuadro).

¿Se socializó a tiempo?

La principal meta del Gobierno es que, con la entrada en vigencia de esta norma, se reduzcan los casos de corrupción en estas elecciones que se avecinan, no obstante, Nicolás Liendo, vicedecano de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, afirmó que la campaña ya va a la mitad, y si estas normas no fueron socializadas con tiempo, parece imprudente aplicarlas ahora.

“Es importante sancionar los delitos electorales porque hay que proteger a la democracia. Sin embargo, una nueva ley será insuficiente si los actores no se comprometen y lo ven como una imposición molesta, y si los entes encargados de controlar y aplicarlas están politizados y no tienen los dientes o voluntad para aplicarlas”, agregó Liendo.

Para Pedro Jurado, coordinador del programa de Ciencia Política de la U. de Medellín, la simple fuerza simbólica de una norma que prohíbe o incentiva algún comportamiento se queda corta para enfrentar la corrupción.

“Son necesarias intervenciones más amplias en los procesos sociales para acompañar el contenido de las normas que tratan de cambiar comportamientos que, como la corrupción en las campañas electorales, no son rechazados completamente y a veces son justificados por la sociedad”.

¿Cuántas personas terminarán en la cárcel después de elecciones? Al final del semestre se sabrá si no se trató de otro saludo a la bandera.

Contexto de la Noticia

¿CÓMO FUNCIONA? aún hay pocas denuncias: mininterior

Cualquier ciudadano puede hacer denuncias, enviar testimonios, pruebas e imágenes de corrupción electoral a través de la línea gratuita nacional 018000912005, o en la cuenta en Twitter @UrielColombia, con el numeral #DenunciaalCorrupto, o a través del correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co. También se pueden hacer las denuncias en el portal Uriel.mininterior.gov.co. Según el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, los aportes de la ciudadanía aún son pocos, y desde su despacho se encargan de clasificar las denuncias o enviarlas a la autoridad competente, bien sea la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía, hacia donde va la mayoría.

Óscar Andrés Sánchez Á.

Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.

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