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Propuesta de la Misión Electoral “ayudaría poco”

Según expertos no se plantearon controles suficientes para erradicar la práctica de la recepción de dineros que no se reportan.

Según expertos no se plantearon controles suficientes para erradicar la práctica de la recepción de dineros que no se reportan.

26 de abril de 2017
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Entre las recomendaciones que la Misión Electoral Especial (MEE) le entregó al Gobierno la semana pasada, encaminadas a lograr un sistema más transparente, un capítulo está dedicado a la financiación de las campañas. Según este informe debe seguir siendo mixta, pero menos dependiente de privados.

Para esta comisión la lista abierta (voto preferente) es la responsable del aumento de los costos de las campañas, “lo cual es la puerta de entrada para fenómenos como la financiación ilegal, el subreporte de los gastos reales y la entrega de dádivas de los congresistas como retorno a sus financiadores bajo la forma de contratos fraudulentos, subsidios y otras prácticas lesivas para la democracia”.

Actualmente, las reglas de distribución de los recursos estatales privilegian el criterio de fuerza electoral (80 %) y la personería jurídica (10 %) sobre las políticas de inclusión de mujeres (5 %) y los jóvenes ( 5%). Según la MEE los partidos mayoritarios se apropian de la mayor parte de los recursos del Fondo Nacional de Financiación Política.

Por eso recomendó un 25 % del total del financiamiento por personería, un 55 % en función de las curules obtenidas en las corporaciones públicas, y un 20% por la presencia de jóvenes y mujeres.

También sería entregado a los partidos el 50 % de los recursos de financiación antes del proceso electoral, como anticipo (40 % en base a resultados precedentes y un 10 % de manera equitativa). Después de elecciones se entregaría el resto, en proporción a los resultados obtenidos.

Estudiar los costos: reto

La MEE propuso, además, conservar los topes, pero pidió que el nuevo Consejo Electoral Colombiano (CEC) estudie su costos reales, no necesariamente para equiparar el tope con ese gasto, sino para fijar uno que promueva la rendición de cuentas más efectiva.

También habría mayor inversión pública directa para financiar parcialmente la publicidad en medios de comunicación y subsidiar medios de transporte el día de las elecciones en las principales ciudades del país.

El CEC deberá verificar la entrega de los soportes para comprobar la capacidad económica de los aportantes y la procedencia de los recursos de origen privado.

Los reparos de académicos

Según Jorge Iván Cuervo, docente de la U. Externado, no hay grandes cambios, porque ya existe el sistema mixto. “Lo nuevo es el anticipo del 50 %. Eso da margen de maniobra a los partidos, pero muchos seguirán escondiendo los recursos que recibirán de privados”.

Para Jaime Alberto Carrión, docente de Política de la U. Nacional, resulta indispensable empoderar a la ciudadanía para que desarrolle controles y, desafortunadamente, la propuesta no lo contempla.

John Fredy Bedoya, docente del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, destacó como positivo el control a la financiación y la participación del Estado, pero que primero se deben cerrar las listas, algo que propone la MEE, pero no ve posible ahora.

El periodista y exministro Mauricio Vargas, en su última columna en El Tiempo, dijo que nada de lo que propone la Misión ataja la práctica del dinero debajo de la mesa, y que para acabarla, la reforma debe plantear que los empresarios que aporten estén obligados a reportarlo al CEC.

Al respecto el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, le dijo a EL COLOMBIANO que están analizando todas las ideas y que considera positivas las que contribuyan a un mayor control, para evitar financiación ilegal.

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