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La etapa final del proceso que adelanta la Corte Suprema contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, inició con buen augurio para la defensa.
La Procuraduría evaluó el proceso, que ya tiene un condenado por falso testimonio y dos imputados, consideró que no hay pruebas suficientes que demuestren que Ramos recibió apoyo de grupos paramilitares.
Según Juan David Posada, coordinador del Área Penal de la U. de Antioquia, la presencia de la Procuraduría en el proceso penal genera un desequilibrio y el hecho de que la entidad se incline hacia algún lado tiene una incidencia en el juez, pues aparece un tercero guiándole en Derecho. “No es que el juez se tenga que ceñir por la Procuraduría, pero sí favorece ese acompañamiento”.
Para Juan Carlos Álvarez, docente de Penal en Eafit, si los argumentos jurídicos y probatorios presentados por el Ministerio Público son sólidos, pueden favorecer a Ramos, pues la Corte tendrá elementos adicionales para inclinarse por la absolución. “La solicitud de la Procuraduría no implica que necesariamente la Corte acoja la petición”.
Al respecto Ricardo Molina, docente de Penal de Bolivariana, explicó que la Procuraduría es un sujeto procesal (Ley 600 de 2000) que no es vinculante para el juez. “Es mejor para Ramos que la Procuraduría haya pedido su absolución a que pida su condena. En este tipo de procesos no actúa la Fiscalía. Es la misma Corte Suprema quien acusa y juzga”.
Por su parte Germán Valencia, docente del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, dijo que la Procuraduría está haciendo lo que le corresponde: actuar como organismo de control de los funcionarios públicos: “En este caso hace un llamado a la sensatez, que no hay pruebas y que es lógico la absolución”.
El próximo lunes Ramos será escuchado por la Sala Penal y al día siguiente su defensa pedirá la absolución. Solo restaría el fallo.