Abuso contra civiles e impunidad en acuerdo de paz, las preocupaciones de HRW

Informe anual de Human Rights Watch.

Human Rights Watch (HRW), presentó este jueves el informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo, en donde rechazó el accionar delictivo que continúa realizando el Eln y las disidencias de las Farc en varias regiones de Colombia, así como el aumento de los asesinatos de líderes sociales y la falta de condenas sobre los responsables de falsos positivos.

De acuerdo con la organización internacional, a pesar de que la guerrilla del Eln inició unas conversaciones de paz en Quito, Ecuador, y se logró un cese al fuego con el Gobierno Nacional, este grupo subversivo continúo con sus ofensivas en los territorios donde tiene incidencia.

“En 2017, el Eln siguió cometiendo graves abusos contra civiles, como por ejemplo ejecuciones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en el departamento de Chocó. El 25 de octubre, el Eln asesinó a un líder indígena en Chocó, a pesar de haberse comprometido con el gobierno a cesar los abusos”, señaló la organización.

Frente al acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno Nacional y las Farc, la organización señaló que aunque ofrece una oportunidad histórica de reducir las violaciones de derechos humanos, “su componente de justicia contiene graves deficiencias que podrían permitir que criminales de guerra eludan una rendición de cuentas ante la justicia”.

Asimismo, indicó que a pesar de la desmovilización de este grupo, una minoría de guerrilleros disidentes siguen cometiendo abusos contra la población civil en varias regiones del país.

“En Tumaco se registraron numerosos abusos de grupos residuales de las Farc, lo mismo que en Guaviare. En el Cauca violaciones muy graves atribuidas al Eln y a grupos paramilitares, estos hechos son muy importantes y deben ser objeto de una investigación seria por parte de las autoridades colombianas”, señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, la organización hizo cuestionamientos a la norma que establece una definición de responsabilidad de mando, “por la cual los superiores pueden responder por delitos que cometieron sus subordinados que se aleja de las normas establecidas del derecho internacional, de un modo que podría menoscabar seriamente la rendición de cuentas”.

“Vamos a seguir muy atentos al desarrollo de las actividades de la JEP en el 2018, cuando realmente se constituya este mecanismo, para poder verificar hasta qué punto se están haciendo esfuerzos serios para imponer justicia por los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia por parte de las Farc, pero también por parte de agentes del Estado”, manifestó Vivanco.

De acuerdo con la organización, los grupos sucesores del paramilitarismo siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales.

“En su conflicto con el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia siguen cometiendo graves abusos en el departamento de Chocó. En abril, dos hombres que manejaban embarcaciones fueron hallados muertos en una comunidad afrocolombiana en el sur de este departamento. Hay evidencias creíbles que indican que fueron secuestrados y asesinados por miembros de las AGC.”, indicó HRW.

Otro de los aspectos que resaltó la organización fue el tema de los falsos positivos, sobre los que señaló que hay una disminución drástica en el número de casos por este delito, pero rechazó que las investigaciones y condenas de altos mandos militares responsables de estos no hayan avanzado.

“En general, las autoridades no han juzgado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. En noviembre, el Ministerio de Defensa propuso ascender de rango a cinco militares contra quienes hay evidencias creíbles de participación en ‘falsos positivos’”, indicó HRW.

La organización también cuestionó la fuerza excesiva que utilizó la Fuerza Pública contra las personas que participaron del paro cívico en Buenaventura y por los que la Defensoría del Pueblo recibió 161 denuncias de presuntos abusos policiales ocurridos durante las protestas, incluidas 20 personas que afirmaron haber recibido disparos con balas de goma.

Asimismo, recordó el asesinato de siete campesinos en Tumaco durante octubre, en hechos que aún son materia de investigación.

“Siete agricultores fueron asesinados en el municipio de Tumaco durante una protesta pacífica contra demoras en la implementación de programas destinados a la sustitución de cultivos ilegales. El Ministerio de Defensa manifestó, en un primer momento, que disidentes de las Farc habían disparado contra manifestantes, mientras que los sobrevivientes responsabilizaron a policías. Algunos días después, la Policía Nacional anunció que había suspendido a cuatro agentes que presuntamente accionaron sus armas de fuego durante la protesta”, manifestó la entidad.

La organización también señaló que persisten las amenazas y los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas en el país y que a pesar del programa del Ministerio del Interior, que asigna protección a estas personas, la cifra viene aumentando.

“Un aspecto en donde se siguen produciendo abusos preocupantes en Colombia es el asesinato de activistas sociales y defensores de derechos humanos. Lamentablemente las cifras siguen creciendo, de acuerdo con las Naciones Unidas en el 2015 se presentaron 41 casos, en el 2016, 60, y en el 2017, 71 casos. Estos hechos son desconocidos en Colombia y el Gobierno debe redoblar sus esfuerzos para evitar que se sigan incrementando y que se cometan en este marco de total impunidad”, indicó Vivanco.

Frente a las amenazas a periodistas, resaltó que la Fundación para la Libertad de Prensa informó que un periodista fue asesinado y que 136 recibieron amenazas entre enero y octubre de 2017.

A pesar de estos cuestionamientos, Vivanco destacó que hay una disminución importante en las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado.

“Queremos dejar constancia de nuestro beneplácito, porque de acuerdo con las cifras oficiales se han producido reducciones importantes en las violaciones a los derechos humanos vinculadas históricamente al conflicto armado colombiano”, indicó el director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

De acuerdo con Vivanco, entre 2011 y 2015 el promedio de personas desplazadas fue de cerca de 200.000 al año, por motivos vinculados al conflicto armado cometidos por las FARC y el ELN. “Esta cifra que era un promedio, al 2016 se redujo a la mitad y en el 2017 a 60.000, que es una reducción importante que vale la pena subrayar”, señaló.

Frente a la cifras de homicidios vinculados al conflicto, el director destacó que se ha reducido a menos de 1000 por año, “lo cual es un dato muy importante”. Sin embargo, explicó que todavía hay zonas con un índice de violencia alto, como en el departamento del Chocó, “en donde el Eln y grupos de paramilitarismo son responsable de graves abusos a los derechos fundamentales de las personas en los lugares donde tienen presencia”.