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Cuando los negociadores del Gobierno y las Farc vuelvan a sentarse en la mesa de negociaciones en La Habana el 28 de abril tendrán varios retos y tareas para avanzar en la meta de ponerle fin al conflicto armado colombiano.
Según analistas del conflicto, tras la pérdida de credibilidad, las delegaciones deberán reconstruir la confianza entre ambos y con los colombianos indignados y los escépticos con la negociación.
Jorge Eduardo Restrepo, director del Centro de Análisis de Conflictos, plantea que en el próximo ciclo (36) “se deben concretar acuerdos dirigidos al desescalamiento de la confrontación, como el desminado humanitario”.
Agregó que “si la guerrilla cumple con su cese el fuego unilateral y renuncia a toda acción criminal se puede considerar en un cese el fuego bilateral para evitar que vuelvan a ocurrir hechos trágicos que afectan el proceso”.
La prolongación y las presiones políticas juegan en contra, según Javier Ciurlizza, director de la ong International Crisis Group en América Latina.
“Una línea más dura en La Habana no necesariamente será útil para alcanzar un acuerdo sobre justicia transicional o sobre el fin del conflicto, el otro punto pendiente de los 5 en la agenda. Ambas partes enfrentan una creciente presión por el tiempo, ya que necesitan el resto del periodo de gobierno de Santos (concluye en 2018) para iniciar la implementación de un acuerdo final”.
Considera importante la celeridad, pero sin imposiciones que “incrementen los riesgos de fracaso o provocar un acuerdo de paz superficial que no cuente con el total compromiso de las partes”.
Pero también reconoce que “la paciencia se ha empezado a acabar , incluso entre algunos partidarios del proceso, de cara a las reñidas elecciones locales programadas para octubre”.
Tras la reanudación de los bombardeos a la guerrilla por el ataque en Cauca, y en consecuencia, sin la posibilidad en el corto plazo de un cese el fuego bilateral, las conversaciones prosiguen en medio de las hostilidades.
El general Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, sostiene que “por fortuna, el Presidente reversó una decisión equivocada, ya que los bombardeos son un arma del Estado para cumplir con su obligación de defender a la población civil y obligar a la guerrilla a negociar”.
A pesar de la suspensión de “acciones ofensivas” de las Farc, está demostrado que por la ofensiva militar los frentes guerrilleros entran en combate y se producen muertes de militares y guerrilleros.
Además, persisten las minas antipersonal, las extorsiones y otros delitos de la guerrilla que afectan a la población civil.
Por eso en favor de acelerar los acuerdos del proceso de paz, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, insistió en que las Farc deben entender que “mientras más dure el proceso, mayores son las posibilidades de que ocurran hechos que lo saquen de su curso o le pongan fin”.