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Una Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pero dentro de la rama jurisdiccional, con magistrados nacionales, con un límite de tiempo de 10 años y sin posibilidad de revisar la cosa juzgada fueron, entre otras, las sugerencias que hizo la Corte Suprema de Justicia al presidente Juan Manuel Santos para la renegociación.
Estas propuestas, que guardan similitud con las que hicieron diferentes líderes del No, sugieren cambios de fondo en lo establecido en el punto 3 del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, que no fue refrendado en las urnas.
El Acuerdo Final concebía la JEP como un ente autónomo al sistema judicial, conformado por seis magistrados extranjeros y 18 nacionales, sin límite de tiempo y con posibilidad de revisar sentencias.
La Corte propuso, además, que la JEP no sea órgano de cierre en los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y militar, ni tampoco en los trámites de extradición relacionados con hechos anteriores a la entrada en vigencia de la jurisdicción especial, en los que se solicite a personas sometidas a ella, con mantenimiento de la cláusula de improcedencia cuando se trate de conductas vinculadas al conflicto.
El presidente Santos calificó estas ideas como “pertinentes, y constructivas, partiendo de la base de su apoyo a la JEP”.
Francisco Bernate, doctor en Derecho y docente del Rosario, dijo que es cierto que a lo largo de este proceso nunca se oyó la posición de la justicia y por eso las altas cortes están diciendo que nunca fueron escuchadas.
“El acuerdo no se compadece con la situación de nuestra justicia, a la que cada vez se le carga con más responsabilidades y se le reduce su presupuesto. Ojalá la justicia sea oída y se le dé el lugar que le corresponde en este proceso”.
Según Juana Acosta, directora de Derecho de La Sabana, es una avance importante que la Corte haya llegado a un consenso y agregó que varias de sus propuestas son sensatas, aunque le parece que es corto el plazo para la JEP.
“Es problemática la propuesta de cierre constitucional por parte de la Suprema, es una discusión más política, de larga data, en lo relacionado al choque de trenes. Muy importante que los magistrados de la JEP tengan un régimen disciplinario y fiscal, pero sí deberían mantenerse la posibilidad de la presencia de jueces extranjeros, porque evita riesgos de corrupción”, precisó Acosta.
Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de la Bolivariana, afirmó que las sugerencias de la Corte Suprema no son nuevas, porque ya las habían hecho, incluso antes del plebiscito, líderes del No, pero las cortes fueron “timoratas” durante el proceso.
“Nadie había negado que se requiere una justicia transicional, pero no la desproporción que quedó en los acuerdos. ¿Si hubiera ganado el Sí no se estarían pronunciando?”, cuestionó Úsuga.
Para Marco Romero, del Centro de Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Nacional, la propuesta debe ser considerada con tranquilidad en La Habana, porque es un respaldo a la JEP creada por el acuerdo.
“La Corte propone preservar el sistema de nombramiento de estos funcionarios, aunque demanda que tengan los mismos requisitos de los demás magistrados de cortes, incluida la nacionalidad. Este punto es importante dado que voceros del No han propuesto un cambio drástico de la JEP”.