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En Colombia hay más de 28.000 niños bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que pasaron de los 18 años y se ven en problemas para acceder a distintos programas de salud, educación y bienestar que tiene el Estado.
En esta población se centra un proyecto de Ley que cursa actualmente trámite en la Cámara de Representantes y que busca introducir a esta población vulnerable bajo la cobija de la política social del Gobierno Nacional.
El representante David Barguil, autor de la iniciativa, explicó que la idea es que haya una protección hasta los 25 años para las personas, “cuya mamá y papá es el Icbf”.
Acorde a las cifras del Instituto, 12.936 de los potenciales beneficiarios se encuentran bajo tutela del Instituto, 11.858 están en hogares sustitutos y 2.898 están privados de la libertad bajo el Sistema de Responsabilidad Penal.
El proyecto tiene siete ejes:
Que el Sistema General de Seguridad Social en salud tome en cuenta la condición del niños del Estado al momento de otorgar los servicios de salud y además que esta población sea considerada elegibles para recibir los beneficios que aplican al nivel 1 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios, Sisbén.
El proyecto busca crear un fondo especial de educación , administrado por el Icetex, para garantizar el acceso a la educación superior y educación para el trabajo de los beneficiarios por la ley.
Barguil aclaró sobre este apartado que los fondos para dicho apartado saldrían del Icbf y se destinarían algunas de las becas que ya otorga Icetex para estos jóvenes.
La Ley incluye vincular la población afectada en las políticas de fomento a la recreación y el deporte, incluidas en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia).
Se busca incluir a los adolescentes entre 14 y 18 años en un ramillete de oportunidades laborales que generará el sector empresarial privado, a cambio de beneficios tributarios.
Los que entren en el alcance de la ley quedarían exentos de pago cuando deseen sacar su pasaporte. Será responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración hacer dicho trámite.
No solo se busca que los adolescentes en condición vulnerable sean eximidos de prestar el servicio militar obligatorio, también se pretende que no tenga ningún costo para ellos la expedición de su libreta militar.
Sin embargo, Barguil advirtió que no se trata de extender hasta los 25 la figura del tutelaje del Estado, sino que “aquellos que sigan en el sistema puedan recibir beneficios que son políticas de Estado que ya existen”.
En ese sentido, agregó que la carga fiscal que supondría esta ley no sería mayor a la que ya existe, dado que no se están modificando sus alcances, sino que se está poniendo bajo los que ya existen a una población que venía siendo invisibilizada.
“Muchos de estos muchachos tienen dificultades para ingresar al Sisbén o si desean tomar un crédito educativo, no tienen un codeudor, o no pueden sacar la libreta militar y eso les impide conseguir un trabajo legal”, agregó Barguil.
Conocido el proyecto, la directora del Icbf, Cristina Plazas Michelsen, admitió la necesidad de la ley pues “estos jóvenes están en una condición de vulnerabilidad social y económica debido a que fueron abandonados por sus padres”.