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Recursos para el ambiente pagaron carros y predios
Millonarias transferencias del sector eléctrico a seis CAR del país fueron destinadas a rubros distintos a los de ley, según informe de la Contraloría.
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FOTO COLPRENSA
19 de marzo de 2018
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En seis Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se encontró que los recursos que debían girarles las empresas del sector eléctrico entre 2014 y 2016 para la protección y conservación del ecosistema vecino de sus plantas de generación de energía fueron menores o no cuadran con las cuentas de las entidades ambientales. Significa que habría un daño patrimonial multimillonario.
El descubrimiento lo hizo la Contraloría General de la República, que halló además que parte de estos recursos, llamados Transferencias del Sector Eléctrico (TSE), que hacen parte de los llamados “impuestos verdes”, ni siquiera fueron utilizados para su destinación específica.
Terminaron pagando compras de predios, de vehículos, y hasta servicios de internet y logística, entre otros.
EL COLOMBIANO tuvo acceso al informe sobre esta situación, cuya conclusión es que no se estaría cumpliendo con la gestión ambiental pactada para las seis zonas donde operan plantas hidroeléctricas y termoeléctricas.
Las CAR señaladas son las de Cundinamarca, la del Centro de Antioquia (Corantioquia), la de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), la de la Guajira (Corpoguajira), la del Guavio (Corpoguavio) y del Atlántico, para las que las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE) componen un 40% de sus ingresos totales.
En total fueron 20 los hechos sospechosos encontrados. Cuatro de ellos tienen connotación fiscal (pérdida de plata), cuatro son penales (que implican delitos de cárcel) y 17 disciplinarios (que implican acciones de funcionarios).
Estos últimos fueron enviados a la Fiscalía y la Procuraduría, que deberán decidir si los indicios que ubicó la Contraloría merecen investigaciones formales.
Menores pagos
La Contraloría encontró inconsistencias multimillonarias entre la fórmula que determina cuánto deben pagar las hidroeléctricas a la CAR y cuánto pagaron en realidad durante los años señalados.
Según lo establece la ley, las empresas cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios deben transferir entre el 3% (para las plantas hidroeléctricas) y el 2,5% (para las termoeléctricas) de las ventas brutas de energía por generación propia a las CAR que tengan jurisdicción en la zona de influencia de estas plantas. Esto hace parte de sus contribuciones obligatorias parafiscales.
Otro porcentaje aparte es utilizado para pasarles a los municipios en estas zonas de influencia de las plantas.
Solo para el caso de Corantioquia, la Contraloría estima que dejó de recibir más de 236 millones de pesos por las diferencias encontradas entre lo que tenían que pagar y lo que en realidad pagaron, sumando intereses moratorios. Estiman que esta situación se debe a la falta de mecanismos de control y monitoreo sobre estos recursos.
Las demás tienen valores de pérdida menores, aunque también multimillonarios. Por ejemplo, la CAR Cundinamarca dejó de recibir 224 millones de pesos, según las cuentas en el informe.
Negocios extraños
En Corpoguavio decidieron utilizar estos recursos del medio ambiente para pagar los sueldos de una abogada y una ingeniera ambiental, para el internet de una oficina y el transporte de empleados en camionetas, recalca el informe del ente de control.
No es el único caso. En Corantioquia los utilizaron para comprar un predio en el municipio de Caldas por 440 millones de pesos y dos camionetas 4x4, que se incluyen en una lista de 17 contratos por más de 5.000 millones de pesos que no tienen relación con el objeto que tienen las transferencias del sector eléctrico.
Ante lo encontrado, Corantioquia manifestó que distribuyó los recursos de acuerdo a las disposiciones de ley y con base en su Plan Operativo Anual y su Plan de Acción Corporativo.
En Cornare, decidieron utilizar ese dinero para comprar una parcela, instalar 15 parques ecológicos infantiles, mejorar el malecón San Juan del Puerto, en Guatapé, instalar alcantarillados en el municipio El Retiro y realizar avalúos comerciales de inmuebles, entre otros.
Por su parte, la CAR Atlántico usó 112 mil millones de pesos de las TSE para temas distintos a los que pide la ley, entre esos, para el saneamiento básico en el municipio de Soledad. A su vez en Corpoguajira, fueron dirigidos 1.290 millones para, entre otras cosas, comprar un software de oficina y construir gaviones contra las inundaciones en Riohacha.
Aunque todas las señaladas sustentaron la necesidad de los gastos en la aplicación de la ley, en todas la Contraloría insistió en que el destino de ese dinero es específico: protección del medio ambiente y cuencas hidrográficas alrededor de las plantas eléctricas de sus departamentos.
27
de las 33 CAR que tiene el país usan recursos parafiscales del sector eléctrico.
25
años tiene la ley que establece los aportes que debe hacer el sector eléctrico al medio ambiente.
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