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Guillermo Rivera era consciente de que asumir el Ministerio del Interior el último año de Gobierno, con un presidente mal calificado en las encuestas y con las vicisitudes propias de la época preelectoral, era meterse en camisa de once varas, pero aceptó el reto.
Ahora los proyectos más importantes para el Ejecutivo, es decir, los relacionados con la implementación del Acuerdo, están sobre sus hombros, y ha tenido que sortear críticas no solo de la oposición sino de los propios partidos de la coalición, los afines al Acuerdo y las propias Farc.
La semana pasada el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara (Cambio Radical), lo acusó de irrespetar la división de poderes, por la carta que este le envió pidiendo incluir en la agenda el proyecto de reforma política, que para el representante, nada tiene que ver con la implementación.
Rivera contestó que él no pretende atentar contra la independencia del poder legislativo, y que solo le pidió a Lara cumplir la Constitución, porque el proyecto ya se había anunciado. Ahora tendrá que capotear otra iniciativa polémica: el referendo para reformar a la justicia.
¿Sí es viable un referendo para reformar la justicia a cinco meses del fin de este Gobierno?
“Es una posibilidad de muchas. No está decidido que será un referendo. También estamos pensando en presentar una reforma constitucional, en marzo. Tenemos ya incluido un artículo en la reforma política que hace tránsito en el Congreso y que crea la Comisión de Aforados. El Gobierno quiere tener un menú de alternativas”.
¿Por qué se dejó algo tan importante para la recta final? ¿No resulta una propuesta electorera?
“Estamos contra el tiempo, pero lo peor que podríamos hacer es quedarnos cruzados de brazos mientras el país asiste a una crisis de legitimidad de la justicia. El Gobierno tiene que liderar la reforma”.
¿Cómo sería la pregunta de ese referendo? ¿El ciudadano común estaría en la capacidad de responder si prefiere el tribunal de aforados en lugar de la Comisión de Acusaciones?
“No hemos tomado aún la decisión de si se hace o no referendo. Si llegamos a tomarlo tendríamos que prever que las preguntas sean lo suficientemente claras para que el ciudadano de a pie las comprenda y participe”.
¿Cómo mantendrán la gobernabilidad en estos últimos meses de Gobierno cuando ya no se disponen de recursos de inversión para las regiones?
“Nosotros no dependemos de eso para tramitar las reformas. Este es un Congreso consciente del desafío histórico de implementar el Acuerdo de paz, de tal manera que creemos y confiamos en que van a honrar el compromiso que adquirieron cuando lo refrendaron”.
El exministro Cristo nos dijo que “peluquearon” la reforma política, y que la autoridad electoral seguirá politizada, porque su elección pasará por el Congreso, así sean postulados por las universidades.
“Lo esencial de la reforma fue acogido en la Comisión Primera de la Cámara, y aspiramos que lo mismo ocurra en la plenaria. En una reforma electoral cada quien se mide el traje y logra consensos. Es muy complejo, pero creo que vamos a sacar una buena reforma. El hecho de que la postulación de los miembros de la autoridad electoral no provenga de los partidos ya es una garantía de que será independiente”.
Usted impulsa la lista cerrada. ¿No es retroceder a lo que en el pasado se eliminó porque restringía la participación y fortalecía “la dictadura del bolígrafo”?
“La lista cerrada fue una recomendación de la Misión Electoral Especial (MEE). En la Comisión Primera fue aprobada esa figura, pero con vigencia a partir de 2022. Sin embargo, hemos percibido que en la Cámara ha venido creciendo el ambiente favorable para su vigencia inmediata. El Gobierno respetará la decisión mayoritaria. Estamos previendo en el proyecto que para la conformación de las listas cerradas los partidos tendrán que tramitar procedimientos democráticos con sus afiliados”.
Mientras la reforma quiere fortalecer los partidos, los aspirantes a la Presidencia prefieren las firmas.
“Razón de más para modificar las reglas de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto al funcionamiento de los partidos, y esto lo que se convierte es en una oportunidad para el relanzamiento de los mismos, que claramente están perdiendo legitimidad”.
EL COLOMBIANO publicó un informe que evidenció que entre quienes recogen firmas hay personas sin reconocimiento y con propuestas ilógicas. ¿Existe un vacío jurídico en el filtro a estos grupos significativos?
“En la ponencia de la reforma política que se radicó en la plenaria de la Cámara se está acabando la figura de los grupos significativos de ciudadanos. De tal manera que se supera el umbral en una elección al Congreso y obtienen la personería jurídica para ser partido político, o la obtienen con un número mínimo de afiliados”.
¿Quiere decir que para las siguientes elecciones no tendremos 30 precandidatos recogiendo firmas?
“Para 2022 ya no habría feria de firmas, sino partidos y movimientos políticos muy consolidados en la sociedad”.
¿Ante la amenaza de descertificación de Trump, el Gobierno podría contemplar retomar la fumigación aérea, o que otra estrategia contemplan? ¿Es efectiva la radicación manual?
“El Gobierno se ha propuesto que al final de este año se reduzcan en 100 mil las hectáreas. Una parte a través de la radicación forzosa y otra con los acuerdos que el Gobierno viene haciendo con campesinos que tienen pequeñas extensiones de cultivos de uso ilícito. El Gobierno es consciente de su compromiso de luchar contra las drogas y vamos a cumplir la meta”.
¿El aumento de los narco-cultivos se debe al factor cambiario, como lo explicó el vicepresidente Naranjo?
“El fenómeno del narcotráfico es global, y por esa razón el Gobierno cree que las causas que precipitaron el crecimiento de los cultivos ilícitos son múltiples. Este Gobierno está trabajando para reducir los cultivos de uso ilícito en la geografía colombiana”.
¿Ahora que algunos congresistas de La U se están yendo a respaldar la candidatura de Germán Vargas Lleras, se vuelve más difícil mantener la coalición?
“Esta época es muy compleja para el trámite legislativo, por la proximidad del debate electoral de 2018, pero nos creemos en la capacidad de sortear esas dificultades para sacar adelante la agenda”.
¿En qué paró el proyecto de ley de tierras?
“Ya tenemos un texto de proyecto de ley de tierras. Fue radicado para consulta previa”.
Apenas hoy se conocerán los nombres de los jueces que integrarán la Jurisdicción Especial de Paz, pero en el CD dicen que son recomendados de las Farc y estos a su vez dicen que son de derecha. ¿Cómo garantizarán su imparcialidad?
“El Comité de Escogencia es absolutamente independiente del Gobierno y de las Farc. Esa es la garantía que tiene la sociedad colombiana, de tal manera que los criterios que ese comité determinó son independientes. Además, está compuesto por personas con una reconocida reputación académica, profesional y jurídica en el mundo entero”.
Congresistas de su propio Partido Liberal, y de otras colectividades, dicen que usted es ministro en cuerpo ajeno, es decir, que Cristo es quien sigue mandando. ¿Cuál es su versión?
“Él no tiene ninguna influencia en este Ministerio, salvo la amistad que nos ha acompañado durante muchos años. El no tiene absolutamente ninguna injerencia en las decisiones que se toman acá”.