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Por la controversia surgida debido a las posiciones divergentes entre los ministros del Interior y Justicia con el Superministro de Presidencia frente a la reforma al Equilibrio de Poderes, específicamente la que involucra la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, el jefe de Estado llamó a los tres funcionarios a un encuentro en Palacio.
La polémica surgió el miércoles hacía las 9:00 pm, mientras los congresistas y ministros discutían en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la reforma al equilibrio de poderes; fue allí, cuando el Superministro Néstor Huberto Martínez interrumpió la discusión de una proposición ya acordada entre los partidos políticos y los ministros de Interior y de Justicia, lo que representó para la mayoría de congresistas una forma de deslegitimar el papel de ambos Ministros en la discusión.
Según la representante Angélica Lozano de Alianza Verde, la propuesta llevada por el Superministro es contraria a lo ya acordado. “Néstor Humberto en su intervención tumbó de un plumazo la propuesta de los Ministros de Justicia y del Interior. Se tuvo que tumbar la sesión porque el gobierno tenía que ponerse de acuerdo”, afirmó.
Para Lozano, “El Superministro Néstor Humberto le entrega toda la administración de la Rama Judicial a las altas Cortes, como en la monarquía la deja administrando y ejecutando, poniendo y quitando despachos judiciales en todo el país”
Las diferencias de las propuestas
En las ponencias presentadas por ambos bandos, se pueden ver evidentes cambios frente a temas fundamentales que hacen parte del componente del eje jurídico de esta reforma al equilibrio de poderes.
Según la ponencia presentada por los ministros del Interior y de Justicia y diferentes partidos entre ellos la Alianza Verde, “el Gobierno propone una administración de la rama judicial participativa y democrática, en la cual se vean representados y con alto poder de decisión los más de 26.257 empleados judiciales, 4.754 jueces, 792 magistrados de tribunal de todo el País y 72 magistrados de las altas cortes”.
Para Lozano, quien fue una de las grandes opositoras en el debate, frente a la propuesta planteada por el Superministro, queda claro que “esta reforma pisa callos, los magistrados quieren chantajear a los congresistas para que no hagamos esta reforma”.
Otro de los temas en los que están en contraposición estos ministros y los partidos políticos, es en la conformación equitativa de la Rama Judicial en el país; para el ministro del Interior y de Justicia, se debe proponer “una conformación equitativa del poder en la Rama Judicial, en la cual se vean reflejadas las altas Cortes y lo servidores judiciales de las bases, en proporcionales iguales (tres votos para los presidentes de las altas Cortes y tres votos para magistrado de tribunal, jueces y empleados de la rama)”.
Por su parte, la propuesta del Superministro señala, “Se propone un Gobierno corporativo regentado casi en su totalidad por los presidentes de las Cortes, a los cuales resulta con una mayoría de cinco miembros contra dos, para adoptar las grandes decisiones de la justicia”.
Se espera que en el transcurso del día se reúnan los ministros para aclarar sus diferencias frente a estos temas y otros más que hacen parte del eje jurídico de la reforma al Equilibrio de Poderes, ya que muchos congresistas aseguran que “la propuesta de los Ministros de Justicia y del Interior establece una conformación equitativa del poder en la Rama Judicial, en la que se ven reflejadas las altas cortes, los servidores judiciales de las bases en proporciones iguales“, señalan.
Adicionalmente, dicen que Martínez lo que busca es ser nombrado Fiscal General de la Nación. “Cuando usted escucha a Leonidas Bustos y sus amenazas al Congreso, quien no quiere una comisión de aforados que los investigue, sino que todo quede igual y usted revisa el ‘papelito’ de Néstor Humberto (Martínez) se da cuenta que coincide con lo planteado por Leonidas Bustos”, agregan los parlamentarios.
Para Lozano, “La propuesta de Néstor Humberto incluye una falsa participación de las bases judiciales (Empleados, Jueces y Magistrados de tribunal) que no contribuye en la democratización de los órganos de administración de la rama judicial, pues los representantes de estos sectores tendrán un voto restringido.”
Se aprobó más del 70 % de la reforma
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó más del 70% de la reforma al equilibrio de poderes, luego de dos días de discusión del séptimo de los ocho debates que tendrá que surtir este proyecto de ley.
Este miércoles, la Comisión inició el debate hacía las 10:00 de la mañana, donde discutieron ponencias y aprobaron dos artículos del eje político que habían quedado pendientes en el primer día de discusión de los articulados, para darle paso a los del eje jurídico.
Tras más de 10 horas de discusión, la corporación aprobó la creación de la Comisión de Disciplina Judicial, en reemplazo de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, lugar donde esta ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
La Comisión estaría conformada por siete magistrados, cuatro de los cuales serían elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial, previa convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial, y tres de los cuales serían elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República.
Adicionalmente, se aprobó el artículo octavo, el cual crea la Comisión de Aforados y elimina la Comisión de Acusación, teniendo en cuenta que los aforados son los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación, quienes serán responsables por cualquier infracción a la ley disciplinaria o penal cometida en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas.
Según la ponencia, la Comisión de Aforados sería competente para investigar y acusar, conforme a la ley y los principios del debido proceso, a los funcionarios señalados anteriormente, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, sería competente para conocer de los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
“La Comisión estará conformada por tres miembros, elegidos por el Congreso en Pleno para periodos personales de ocho años, de listas elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial en los términos que disponga la ley”, señala la ponencia.
Se espera que para este jueves, la Comisión continúe con al discusión de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, un tema que ha generado polémica desde todas las bancadas, especialmente desde la Alianza Verde.
“Es un retroceso cerrar la administración de la Rama exclusivamente a los jueces y magistrados. El ministro de la Presidencia propone a que ellos sólitos se autogobiernen, hagan sus propias rendición de cuentas. Que envidia que sólo tres magistrados tengan el poder de manejar todo el sistema. Estamos premiando a las Altas Cortes, que han querido que el Congreso y el Gobierno se arrodillen. No creo que le hagamos un favor a la administración de justicia, encerrando la administración y la toma de decisiones en los tres presidentes de las Altas Cortes. No estamos reformando el Consejo Superior de la Judicatura, sólo le estamos cambiando el nombre y ya”, señaló la representante de Alianza Verde Angélica Lozano.
Frente a estas declaraciones, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que “con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura vamos a demostrar que se puede responder a la necesidad imperiosa de que los recursos humanos, administrativos y financieros que se le proveen al poder judicial, por decisión del Congreso de la República, se traduzcan a un servicio de justicia cercano. Hemos pensado que el Gobierno de la Rama Judicial es fallido”.
Entre otros de los artículos aprobados por la Comisión, está el que le permite al Senado conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados; aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Adicionalmente, se aprobó el articulado que permite acusar ante el Senado, con previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara o el organismo correspondiente, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los Miembros de la Comisión de Aforados, cuando hayan causas constitucionales.
Es importante resaltar que el primer artículo aprobado de este eje jurídico, fue la eliminación de la ‘puerta giratoria’, estableciendo con ello que los servidores públicos no podrían en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Los congresistas fueron citados este jueves a las 9:00 de la mañana, para concluir con la discusión del séptimo debate que está ad portas de pasar a la Plenaria de la Cámara, lugar donde se realizará su último debate, antes de pasar a sanción presidencial.